Descubren red de tráfico de armas liderada por expolicías y exmilitares; escondían municiones en casa de un oficial activo

Una operación adelantada por la Fiscalía General de la Nación destapó una compleja red de tráfico de armas que operaba con la participación de expolicías, exmilitares y particulares, algunos de ellos vinculados al sector de la seguridad privada. Entre las revelaciones más impactantes está el hallazgo de una caleta dentro de la casa de un integrante activo de la Policía Nacional, donde sus propios compañeros encontraron municiones y un arma oculta bajo la escalera.

En total, fueron incautados más de 600 cartuchos de diferentes calibres y un arma corta. El oficial, señalado de tener nexos con esta red ilegal, fue retirado de su cargo de manera inmediata. Según las autoridades, las armas eran comercializadas con organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

El operativo, denominado Operación Ares, culminó el pasado 13 de mayo con la captura de cinco personas: dos exoficiales de la Policía, dos exmilitares y un civil. Entre los detenidos están Jorge Alexander Pineda Ramírez, alias Canoso, considerado el cabecilla de la estructura; Carlos Felipe Rincón Valetto, alias Soldado; Jorge Armando Torres Reyes, alias Viejo; así como los exoficiales Fabián Andrés Cuestas Beltrán y Yehicinio Ciro Cardona.

La investigación, que tomó cerca de dos años, incluyó interceptaciones telefónicas, seguimientos y análisis financieros. De acuerdo con el expediente, los implicados se valían de su experiencia y contactos dentro de las fuerzas armadas para conseguir armamento, municiones y agilizar trámites relacionados con el porte y tenencia legal de armas.

Las armas sustraídas, algunas de origen estadounidense, eran vendidas en locales comerciales que simulaban ser tiendas de accesorios militares. Parte del armamento también era modificado, especialmente armas traumáticas adaptadas para disparar munición real.

Además del uso de establecimientos para ocultar y distribuir las armas, se descubrió que estas eran transportadas mediante vehículos contratados a través de plataformas digitales. También se identificó la utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales para mover el dinero generado por estas actividades ilícitas.

Otra vía para la distribución ilegal de armas era el sector de la seguridad privada, donde varios integrantes de la red trabajaban o mantenían vínculos. Esta modalidad les permitía camuflar las transacciones y evitar sospechas de las autoridades.

El expediente revela además indicios de presuntos sobornos dirigidos a funcionarios judiciales, con el objetivo de frenar o desviar las investigaciones en curso. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y no se descartan más capturas.