El deporte también paga el costo del ajuste fiscal

Hay recortes presupuestales que se miden en pesos y otros cuyas consecuencias solo se entienden cuando se mira a quién dejan sin oportunidades. En el deporte, una reducción de recursos puede traducirse en menos programas de formación, dificultades para sostener procesos competitivos y mayores barreras para niños y jóvenes que encuentran en una cancha, una pista o un coliseo una oportunidad que difícilmente tendrán en otro espacio.

Esa es la discusión que abre la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de reducir los recursos destinados al Ministerio del Deporte para 2027. Según informó Infobae el 14 de septiembre, la asignación proyectada para la cartera pasaría de $496.100 millones en 2026 a $297.700 millones en 2027. La diferencia ronda los $198.400 millones, equivalente a una disminución cercana al 40 por ciento.

La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, defendió la necesidad de cuidar las finanzas públicas en medio de un escenario fiscal complejo. Su argumento merece ser considerado: ningún gobierno puede desconocer las obligaciones del Estado ni administrar los recursos como si fueran ilimitados. Pero aceptar la existencia de restricciones fiscales no obliga a dar por sentado que cualquier recorte es razonable, ni que todas las áreas del gasto público deben asumir sus consecuencias de la misma manera.

La pregunta de fondo es otra: ¿qué lugar ocupa el deporte en las prioridades del país cuando llega el momento de distribuir los recursos?

La discusión tiene un dato que merece atención. El proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado inicialmente por $634,9 billones, representaba un aumento del 10,3 por ciento frente a los montos iniciales previstos para la vigencia anterior. Sin embargo, en ese escenario de crecimiento del presupuesto general, el sector deportivo enfrentaba una reducción considerable.

Las cifras, por sí solas, no explican toda la decisión. Un presupuesto nacional debe atender compromisos de deuda, salud, educación, seguridad, pensiones y otros gastos esenciales. Además, el aumento nominal del gasto no significa que todos los sectores tengan garantizada una mayor capacidad de inversión. El Gobierno tiene la obligación de explicar sus decisiones y demostrar por qué unas necesidades reciben prioridad sobre otras.

Cuando se habla del presupuesto del deporte, es frecuente que la conversación se concentre en las medallas, los campeonatos y los atletas que representan al país en escenarios internacionales. Es comprensible: los triunfos generan orgullo, visibilidad y reconocimiento. Sin embargo, detrás de cada resultado existe una estructura que comienza mucho antes de la competencia.

Hay entrenadores, procesos de iniciación, preparación física, atención médica, nutrición, acompañamiento psicológico, escenarios deportivos y competencias que permiten adquirir experiencia. También hay familias que hacen esfuerzos económicos para que sus hijos continúen entrenando y municipios que dependen de programas públicos para ofrecer alternativas de actividad física y recreación.

Una reducción presupuestal no significa automáticamente que todos estos servicios desaparecerán. Afirmarlo sin conocer la distribución definitiva de los recursos sería irresponsable. Lo que sí resulta razonable es advertir que una disminución de esta magnitud obliga a explicar cómo se evitará el deterioro de esos procesos.

El problema es especialmente sensible para quienes no cuentan con patrocinadores, clubes sólidos o familias con capacidad económica para asumir los gastos de su formación. Para un deportista de altos ingresos, la posibilidad de conseguir financiación privada puede ser real. Para una niña de un municipio apartado, un joven de un barrio popular o un atleta que apenas comienza a competir, esa alternativa puede no existir.

Cuando el apoyo público se reduce sin mecanismos de compensación, el acceso al deporte corre el riesgo de depender cada vez más de la capacidad de pago y menos del talento o del interés de cada persona.

Allí aparece una cuestión de derechos. La Constitución colombiana, en su artículo 52, reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. También asigna al Estado responsabilidades relacionadas con estas actividades. Ese reconocimiento no garantiza una cantidad fija de dinero para el Ministerio, pero sí exige que las decisiones públicas sobre el sector tengan una justificación seria y consideren sus efectos sobre la población.

La actividad física, por ejemplo, contribuye a la salud, la recreación favorece el bienestar y los procesos deportivos pueden abrir espacios de encuentro en comunidades atravesadas por la desigualdad y la violencia. Ninguno de esos beneficios aparece de manera automática por construir una cancha o financiar una competencia. Se necesitan programas sostenidos, personal capacitado, mantenimiento de escenarios y evaluación de resultados.

La preocupación aumenta cuando el ajuste compromete la continuidad de los procesos. El propio Ministerio del Deporte informó el 9 de octubre que había gestionado recursos para mantener hasta diciembre de 2026 el programa Atleta Excelencia, que apoya a deportistas de alto rendimiento. Según esa comunicación oficial, el programa atendía en promedio a 307 deportistas y no contaba inicialmente con financiación suficiente para cubrir todo el año. La entidad también señaló que, debido a las restricciones, no sería posible incorporar nuevos atletas durante esa vigencia.

Este antecedente no prueba que el recorte proyectado para 2027 haya causado esa situación, pues se refiere a una dificultad presupuestal identificada para 2026. Sí muestra, sin embargo, que las limitaciones financieras tienen consecuencias concretas para la planificación y la cobertura de los apoyos deportivos.

El Gobierno tiene derecho a proponer un ajuste fiscal. Lo que no debería hacer es pedir confianza sin ofrecer información suficiente. Si el recorte es indispensable, debe explicar qué obligaciones busca proteger, cuáles serán las áreas prioritarias, cómo evitará que las regiones con menos recursos carguen con una proporción mayor del impacto y qué indicadores utilizará para evaluar los resultados.

El Congreso, por su parte, tiene la responsabilidad de examinar las consecuencias de la asignación presupuestal y no limitar la discusión a la aprobación de cifras globales. Las federaciones, los institutos departamentales y municipales, los clubes y las organizaciones de deportistas también deben participar con propuestas sustentadas, información verificable y criterios de transparencia.

Sin embargo, mientras todo ello sucede, un deportista no puede detener su preparación mientras las entidades resuelven sus cuentas. Los calendarios competitivos siguen avanzando, las clasificaciones tienen fechas y los años de formación no se recuperan fácilmente.

Colombia necesita discutir cómo financiar mejor el deporte, cómo evaluar el gasto y cómo impedir que los recursos se pierdan en programas ineficientes. Pero esa conversación debe comenzar por reconocer que invertir en deporte no equivale simplemente a financiar medallas, el verdadero examen de una política deportiva está en las oportunidades que consigue mantener abiertas, en el niño que encuentra un entrenador, en la joven que puede continuar su proceso competitivo, en el municipio que conserva un programa de recreación y en el atleta que sabe que su preparación no depende de una promesa incierta.

Cuidar las finanzas públicas es una obligación, cuidar las oportunidades de la gente también. La responsabilidad del Gobierno consiste en hacer ambas.