Tropa_Ejercito_Soldados_Militares
Foto: Archivo/Ejército Nacional
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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció hoy el desplazamiento de 381 personas de zonas rurales del municipio colombiano de Tarazá por «temor a enfrentamientos» entre grupos armados organizados de la zona.

Según detalló la OCHA en un comunicado, los desplazamientos se iniciaron el pasado 7 de septiembre en 11 aldeas de esa localidad del departamento de Antioquia, ubicado en el noroeste del país, entre bandas criminales que «disputan el control territorial de las economías ilícitas».

La información agregó que, «de manera preliminar», hay familias que están «autoalbergadas» en casas de familiares y de amigos, mientras que otros se encuentran en el coliseo de La Caucana, un corregimiento (pueblo) que hace parte de Tarazá y a donde han llegado los desplazados.

La OCHA detalló además que las administraciones local y departamental están ayudando a los damnificados pero consideró que «es necesario complementar la asistencia alimentaria con elementos de aseo y apoyo en la adecuación del albergue».

Por otra parte, la secretaría de Gobierno de Antioquia, citada en la información de la oficina de las Naciones Unidas, afirmó que hay familias que no han salido de los caseríos en los que viven por «las intimidaciones de los grupos armados organizados.

Por ello, suponen que tienen «restricciones a la movilidad y acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales».

«De continuar las acciones armadas y los ataques contra civiles es posible que se incremente el número de personas desplazadas en los próximos días», añadió la OCHA.

Asimismo, señaló que en la última semana fueron asesinados dos líderes sociales de la región, que se suman a otros homicidios ocurridos este año, a ataques contra bienes civiles y a amenazas contra las comunidades campesinas.

Ante esta situación, el Ejército movilizó tres batallones a esos caseríos, según la Gobernación de Antioquia, y en los próximos días miembros de varias entidades irán a la zona a evaluar la situación y prestar la ayuda humanitaria requerida.

En ese departamento operan disidencias de las FARC, que decidieron no acogerse al acuerdo de paz que ese grupo firmó con el Gobierno en noviembre de 2016, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de origen paramilitar del país.

EFE

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