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Democracia, con excepciones

Por: Daniel Mauricio Melendez Marquez

Daniel Mauricio Melendez Marquez La Otra Mirada

El gobierno de Iván Duque actúa en abierto desafío a las leyes, la Constitución y el Derecho Internacional

La suspensión del alcalde Daniel Quintero Calle el pasado 10 de mayo por supuesta participación en política ha llegado medios e instancias internacionales, poniendo nuevamente en entredicho la credibilidad de un gobierno que se esfuerza al máximo por desprestigiarse cada vez más. Revisando la secuencia de acontecimientos, parece que esta medida venía gestándose desde hace meses, quizás como alternativa a la fallida revocatoria.

Primero, la Procuradora Margarita Cabello toma la decisión el martes 10 de mayo amparándose en la Ley 2094 de 2021 y en una reforma aún no aprobada del Código Disciplinario, desconoce el fallo de la Corte Constitucional sobre participación en política y violenta los artículos 188 y 277 de la Constitución. Además, desestima un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular.

En este punto cabe recordar que la Corte Constitucional es muy clara en su fallo: lo que se castiga como participación en política no es la opinión en controversias políticas de un funcionario electo por voto popular sino la utilización de los bienes de la administración pública al servicio de una causa política en unas elecciones. En ningún caso la Procuraduría podía restringirle su derecho a la libre opinión.

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Al día siguiente, horas después de conocerse la decisión de la Procuradora, el Presidente Iván Duque nombra alcalde encargado de Medellín a Juan Camilo Restrepo, excandidato a la Gobernación de Antioquia por el partido Conservador, violando lo estipulado en las leyes 136 de 1994 y 1617 de 2013.

El viernes 13 de mayo el Viceprocurador admite que la Procuradora carecía de las competencias para suspender al alcalde Quintero y en su afán de reparar el error, cometen uno más grave, trasladando la decisión a consulta a una instancia jerárquicamente inferior en la Procuraduría, violentando de nuevo la Ley 2094 bajo la cual supuestamente están actuando.

Para colmo, el trámite de la suspensión devela que la misma Procuradora Cabello había proferido una serie de resoluciones en el mes de abril para adecuar sus competencias en el caso de los funcionarios elegidos por voto popular, evidenciándose así un notorio interés por quitar del camino al alcalde Quintero. La tormenta jurídica arreció con toda su fuerza.

El domingo 15 de mayo la Procuradora Cabello defendió en medios su decisión, resistiéndose a «una interpretación demasiado literal de la sentencia de la CIDH». El martes 17 el Presidente Duque y dos de sus ministros pidieron a la Corte Suprema no aceptar la demanda a la reforma del Código Disciplinario. Ese mismo día en rueda de prensa, los abogados de Quintero Calle expusieron sus motivos para las acciones jurídicas que consideraban pertinentes.

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Al día siguiente la Corte Suprema recibió una queja disciplinaria en contra de la Procuradora Cabello por supuestamente violar lo dispuesto en tratados internacionales al suspender a Quintero. Y el lunes 23 de mayo Quintero Calle se presentó ante la CIDH y luego hizo una ronda de medios que incluyó US Today y CNN. Ahora la democracia colombiana está bajo la lupa de la comunidad internacional. Ese es el panorama.

En esta guerra política, «el gobierno de la legalidad» ha desconocido los fallos y jurisprudencia vigentes, pasando por encima de las leyes y en claro atropello a los derechos y la Constitución que deben garantizar. Parece que, a la democracia, los derechos y libertades en Colombia aplican condiciones y restricciones. Y luego se preguntan que porqué la gente pide un cambio.

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