Defensoría del Pueblo solicita atención inmediata en el Chocó, por enfrentamientos entre el ELN y las AGC

Desde el pasado 14 de agosto hubo enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial y social del municipio y su vasta zona rural. Ante esta situación, el ELN decretó un paro durante 24 horas (el sexto en lo que va corrido del 2023), por lo que entre el 16 y este 17 del mismo mes hubo restricción de la movilidad en el río San Juan. Esto originó que las comunidades no pudieran ingresar a sus parcelas, la afectación en la atención médica y la imposibilidad del tránsito de alimentos y de los habitantes.

Desde la entidad se solicitó al Gobierno Nacional, en particular al comisionado de Paz y a las instituciones competentes, hacer inmediata presencia en el lugar para que las comunidades sean atendidas. Sus derechos deben ser garantizados.

También se recordó que los grupos armados ilegales deben respetar los derechos humanos y el derecho Internacional Humanitario; en consecuencia, la vida e integridad de la población civil. Además, por ninguna razón, restringir la movilidad de las comunidades.

Un equipo de profesionales de la Defensoría del Pueblo continúa en terreno haciéndole seguimiento a la situación vulneratoria de los derechos humanos. En el marco de esos recorridos solicita que sea atendido un brote de malaria, el cual está afectando a las comunidades de Sipí, como también que haya abastecimiento de medicinas.

Las advertencias de la Defensoría en el departamento

La Defensoría del Pueblo recuerda que 27 de los 31 municipios del Chocó tienen Alertas Tempranas por acciones armadas que ocurrieron entre el 2018 y 2023.

Los documentos de advertencia tienen como fin proteger a los habitantes de Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó.

La disputa territorial entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) ha generado desplazamientos y confinamientos masivos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, problemas medioambientales (minería ilegal y aprovechamiento indiscriminado forestal), mandatarios locales despachando desde otras jurisdicciones por cuenta de las amenazas, entre otras vulneraciones a los derechos humanos.

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