De los cabellos

La noticia que recientemente se generó desde la Procuraduría General de la Nación que en una situación económica y fiscal creó 1200 nuevos cargos tiene aspectos mas preocupantes que el fiscal y burocrático. Estos cargos además de sumar al déficit fiscal son la configuración institucional de una empresa de violación de acuerdos internacionales de derechos humanos.

La reforma a la Procuraduría se creó para cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro a quien siendo alcalde de Bogotá el procurador Ordoñez sacó del cargo en un ejercicio de persecución política vulnerando la Carta Democrática Interamericana que establece que las autoridades administrativas no pueden sacar del cargo a funcionarios elegidos por voto popular.

La Carta democrática Interamericana como instrumento internacional de derechos humanos configura el bloque de constitucionalidad colombiano, dicho en otras palabras, Ordoñez utilizó su competencia disciplinaria para cometer una violación a sistema interamericano de derechos humanos – en el que irónicamente hoy representa a Colombia – y con esto vulneró también la Constitución Política.

La protección de este derecho no busca proteger a funcionarios corruptos, como ha querido presentar la procuradora, sino proteger el derecho de los ciudadanos a que su elección sea respetada y que solo pueda ser revocada por una autoridad judicial, sin que se utilicen autoridades administrativas para hacer persecuciones políticas.

Lo que llama la atención es que siendo la señora procuradora una ex funcionaria judicial de tanto recorrido tenga tantos problemas para interpretar un fallo, pues interpretó que lo que dijo la Corte no era que debía ser una autoridad judicial sino que el procedimiento de la entidad administrativa debía emular el proceso penal, razón por la que se sacó del sombrero una reforma express, engavetando la que el anterior procurador, en la que duplica la burocracia de persecución y crea todo un sistema “acusatorio” al interior del proceso disciplinario. Convirtiendo el proceso el proceso de la procuraduría en una forma mucho más cara de violar los derechos humanos.

En resumen, la procuradora Cabello se convirtió a la procuraduría, encargada de proteger la Constitución, en un especializado aparato de violación de derechos humanos (al menos en lo que tiene que ver con persecución disciplinaria a funcionarios electos) que de contera le cuesta 1200 funcionarios más al Estado, sin sumar las millonarias indemnizaciones que vendrán para los funcionarios ilegítimamente retirados del cargo.

Por estas razones tiene todo el sentido que el alcalde de Medellín que ha enfrentado los poderes que representa la doctora Cabello busque, precisamente en el sistema de protección interamericano, protección para que sus derechos humanos y los de los ciudadanos que lo eligieron no sean vulnerados.