De las amnistías e indultos y otros demonios

El 26 de marzo de 1.994 el teniente coronel Hugo Chávez Frías fue liberado de la cárcel de San Francisco de Yare, gracias a un indulto que le otorgo el entonces presidente Rafael Caldera, después de estar dos años en prisión junto con otros diez oficiales del Ejercito de la República de Venezuela, por la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1.992, que se ocasiono a raíz de la grave crisis institucional que existía en Venezuela por la más rampante corrupción, escasez de productos e inflación desbordada que se presentaba en el gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez.

Finalizado el gobierno de Pérez e iniciado el gobierno de Rafael Caldera, el nuevo Presidente hizo un acuerdo con los partidos MAS y PCV, para obtener apoyo a su gobierno, condicionando y firmando el indulto de Chávez que dio inicio a su meteórica ascensión al poder.

Bajo el gobierno de Caldera la crisis socio económica se agudizo aún más y se generó una gran “olla de presión” que clamaba por cambios estructurales en el orden político, social y económico en Venezuela y muchos veían en Chávez y en su Movimiento Bolivariano Revolucionario «Quinta República», una gran alternativa de poder, que finalmente lo catapultaría a la Presidencia democráticamente, después de ganar las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre de 1.998 y las elecciones presidenciales del 6 de diciembre del mismo año, cargo que desempeñaría hasta su muerte el 5 de marzo de 2.013.

Bajo su gobierno, Chávez implemento el plan político populista que estructuro y diseño en la cárcel, concluyendo su legado con la elección avalada de Nicolás Maduro quien haría la mejor tarea para acabar de destruir a Venezuela y dejar en la ruina a el país más rico de América Latina y sin ninguna esperanza a todos los Venezolanos.

Cuando el Presidente Rafael Caldera firmo el Indulto de Chávez, de buena fe por lo demás y como producto de un acuerdo político, nunca se imaginó y le paso por la mente que podría estar firmando el acta de defunción de la patria de Bolívar, es más, creo que cuando lo firmo procedió con la mayor nobleza y con profundo espíritu democrático, que seguramente le hizo recordar que en el año 1.957, el también estuvo en la cárcel y de la cual también salió libre, después del golpe militar que dio Pérez Jiménez en 1.948, cuando el presidente de Acción Democrática, Rómulo Gallegos, emergía como candidato de las fuerzas democráticas que querían derrocar a la dictadura.

Si bien Caldera Indulto a Chávez, fue el pueblo venezolano el que lo eligió y el mismo que eligió a Maduro posteriormente, pero seguramente si Chávez hubiera continuado en la cárcel para la época de su elección y se le hubiera juzgado por rebelión, otro con seguridad seria el destino de la despensa petrolera más grande del mundo. Ese indulto y ese inmenso error histórico trajo consigo la maldición jamás imaginada para un gran país que tenía todas las posibilidades y trunco por varias generaciones las posibilidades de su desarrollo. El mal hecho a Venezuela es inmenso e irreversible.

En Colombia no hemos tenido hasta ahora un Presidente Indultado o amnistiado, pero si hemos tenido con esas características a un Alcalde de Bogotá, que es el segundo cargo de elección popular de mayor importancia del país. También han llegado a Gobernaciones y Alcaldías de menor importancia varios de ellos y ahora con los acuerdos de Paz que firmo el ex presidente Juan Manuel Santos con las Farc ocupan 10 curules en el Senado y la Cámara de Representantes, sin pagar un solo día de cárcel y sin haber tenido un juicio por los innumerables crímenes cometidos de lesa humanidad y otros, violando incluso los acuerdos internacionales y las leyes de la CPI.

Adicionalmente en contravía de los principios democráticos estas curules son ocupadas sin el respaldo de un solo voto popular, representando únicamente sus intereses particulares y coadyuvando proyectos de ley que identifiquen sus principios ideológicos desvirtuando el principio de equidad democrática.

Como resultado de la pasada elección Presidencial el amnistiado e indultado Gustavo Petro obtuvo casi 8.000.000 de votos y la CNE (Comisión Nacional Electoral) está por entregarle a su movimiento cerca de 24.000 millones de pesos como reposición de votos de la pasada campaña y se avecinan las campañas para Gobernaciones, Alcaldías, Concejos municipales y de diputados departamentales, sin saber todavía cuántos de ellos ocuparan esos cargos, aumentando gradualmente su poder en el campo político y burocrático del país como gran premio a su prontuario delictivo.

Haber violado lo más sagrado de un país que es su constitución, sus leyes, sus instituciones, haber cometido crímenes de lesa humanidad y actos terroristas, se ha premiado en Colombia y en Venezuela con Indultos y amnistías, sin ver sus consecuencias, sin medir su indignidad y sin cuantificar el enorme daño hecho a la democracia y a las instituciones.

La amnistía e indulto se aplica básicamente para resolver la situación jurídica de quienes se han visto involucrados de manera activa en la confrontación armada, actos de rebelión, sedición y sus conexos, recibiendo tratamientos benévolos dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional, extendido en la mayoría de los casos a las conductas delictivas conexas a los delitos políticos.

Sin embargo, en Colombia criminales de lesa humanidad que no pueden ser cubiertos con estos beneficios han pasado de agache, han burlado el ordenamiento jurídico, no se les ha juzgado por estos crímenes y ya ocupan altas dignidades del estado.

Ya se conoce en Venezuela el resultado nefasto político, económico y social de haberle dado a un indultado la posibilidad de llegar al poder. En Colombia también se conocen los pésimos y peligrosos resultados de la gestión que tuvo Gustavo Petro frente a la Alcaldía de Bogotá y también se conoce su injerencia política directa y continua en el desorden social por su influencia a la incitación al vandalismo y la protesta terrorista urbana que ha venido creciendo con las marchas de los estudiantes gestadas por Fecode, motivo más que suficiente para regular las amnistías e indultos en nuestro país y porque no decirlo en Latinoamérica y el mundo entero, teniendo en cuenta además los ejemplos internacionales con las mismas características y que salvo muy contados casos han tenido algún precario resultado.

Han sido criminales y delincuentes indiscutibles los que han sido merecedores de la aplicación de las figuras jurídicas del Indulto y la Amnistía y su condición como tal no se ha juzgado con la severidad que lo amerita, en consecuencia, no se puede permitir que personas con esa condición legal puedan acceder a las altas dignidades del estado y mucho menos al poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

No me aparto de que la Amnistía e indulto puede ser aplicable para buscar la Paz, cesar un conflicto armado e incorporar un grupo al margen de la ley a la legalidad, pero jamás puede ser un instrumento para que se gobierne y mucho menos concebirse como un premio. Ningún ciudadano del común con un prontuario delictivo puede acceder a puestos oficiales y tampoco a puestos de elección popular, en consecuencia, tampoco tendrían porque hacerlo los amnistiados e indultados que han sido criminales y delincuentes.

Habrá que convertir en ley de la república la limitación del acceso al poder, a puestos oficiales y a la elección a cargos públicos para amnistiados e indultados en procura y salvaguarda del ordenamiento jurídico, de las instituciones, de la ciudadanía y de la constitución y las leyes.

@PoliticaPuntual