Cuando los estados financieros hablan

La Nueva EPS cerró el año 2024 con una pérdida de $4,8 billones. Aunque inferior a la pérdida de $6,6 billones registrada en 2023, el resultado sigue reflejando un deterioro financiero de enormes proporciones. El patrimonio de la EPS cayó hasta -$11,9 billones, mientras sus pasivos alcanzaron $22,5 billones, más del doble del valor de todos sus activos, que sumaron $10,6 billones. La EPS debe más del doble de todo lo que tiene.

La cifra más reveladora está en la operación misma del sistema: durante 2024, la Nueva EPS recibió $22,2 billones de ingresos por su actividad principal, un crecimiento del 18% frente al año anterior. La mayor parte de esos recursos provino de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado reconoce por cada afiliado para financiar su atención en salud.

Sin embargo, atender a esos mismos afiliados costó $26,5 billones, un 8% más que en 2023, cuando los costos ascendieron a $24,4 billones. Esto significa que la EPS gastó aproximadamente $4,2 billones más de lo que recibió únicamente en la prestación de servicios de salud, incluso antes de incorporar los gastos administrativos.

Dicho de otra manera, por cada $100 que ingresaron para atender a los pacientes, la entidad terminó gastando cerca de $119.

La pregunta acá es: ¿realmente la UPC está financiando el costo de la atención en salud? Si una EPS recibe recursos insuficientes para cubrir los servicios que debe garantizar por ley, el problema deja de ser exclusivamente administrativo y se convierte en un problema estructural de financiación.

Los estados financieros también muestran otro dato inquietante. La mayor parte de las obligaciones de Nueva EPS corresponde a las llamadas reservas técnicas. Lejos de ser una deuda bancaria, estas representan los recursos que deberían estar disponibles para pagar los servicios que ya prestaron hospitales, clínicas, laboratorios, droguerías y demás instituciones de salud.

Al cierre de 2024, esas reservas ascendieron a $21,9 billones, frente a $11,5 billones un año atrás. Es decir, crecieron cerca de un 90% en apenas doce meses. Dentro de ese monto, $17,7 billones corresponden a servicios ya conocidos, pero aún pendientes de liquidación. Otros $4,2 billones corresponden a obligaciones ya liquidadas que continúan sin pagarse, una cifra que aumentó 266% frente al año anterior.

Mientras tanto, del lado de los activos también aparecen señales preocupantes. De los $10,6 billones que reporta Nueva EPS como activos, $9,5 billones corresponden a cuentas por cobrar. En otras palabras, cerca del 90% de todo lo que tiene la entidad depende de recursos que aún no ha recibido. Este rubro, además, creció 137% durante el último año.

El principal deudor de Nueva EPS es el propio Estado colombiano. Solo la cuenta denominada “Deudores del Sistema”, que agrupa las obligaciones pendientes de las entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asciende a $5,49 billones (Fuente: BlueRadio, Estados Financieros Nueva EPS 2024).

Y como si todo esto no fuera suficiente, los mismos estados financieros contienen advertencias que deberían encender todas las alarmas: la revisora fiscal remitió los estados con la anotación “en proceso de auditoría” y advirtió expresamente que su firma no constituye un dictamen ni una opinión de auditoría, pues aún no había finalizado su revisión ni contaba con evidencia suficiente para pronunciarse sobre la razonabilidad de las cifras. Es decir, el país conoce estos resultados sin que exista todavía un concepto definitivo de quien, por ley, debe verificar su confiabilidad.

A esto se suma una advertencia aún más preocupante: la propia Nueva EPS reconoce una incertidumbre material sobre su continuidad como negocio en marcha. El informe admite limitaciones técnicas para determinar con precisión el estado real de las cuentas por pagar y alerta que esa situación podría afectar la continuidad de la entidad, el pago de sus obligaciones e incluso la prestación de los servicios de salud.

El sistema necesita soluciones de fondo: una financiación suficiente, reglas claras, pagos oportunos y decisiones que permitan recuperar su sostenibilidad. Seguir acumulando deudas, mantener una UPC que no cubre los costos reales de atención y aplazar los problemas solo profundiza una crisis que hoy ya no puede ocultarse detrás de ningún relato.