La crisis carcelaria que actualmente existe en el país tiene las siguientes cifras: según el gobierno nacional hay aproximadamente 120.000 personas detenidas y los cupos carcelarios son 80.000, lo que equivale a un hacinamiento del 50%, por esta razón las cárceles se quedaron cortas para atender toda esta demanda y hoy las estaciones de policía y las sedes de la fiscalía general de la nación en algunas ciudades están repletas con personas privadas de la libertad, para tratar de solucionar el problema el ejecutivo piensa crear 15.000 nuevos cupos carcelarios y presentar una reforma al congreso para que dejen de ser delitos ciertas conductas que hoy lo son; dice el viceministro de justicia que esto se pretende con la inasistencia alimentaria, la injuria y algunos tipos de falsedad, soluciones estas que nada resuelven, pues mientras que la construcción de cárceles tarda años, los delitos de los que habla el viceministro no tienen contemplada cárcel.

Lo mejor sería pensar en que los jueces encargados de imponer la detención preventiva opten, en los casos en que sea posible, imponer medidas no restrictivas de la libertad y pensar en sanciones alternativas a la imposición de la pena de prisión. Hay bastantes estudios al respecto.

A lo anterior se le suma la corrupción que impera en algunos sectores del Inpec, que ha contribuido a que desde el interior de las cárceles se cometan delitos, se ingresen elementos prohibidos, entre otras conductas.

Desafortunadamente la corrupción es un mal endémico en Colombia y son muchas las entidades públicas y privadas afectadas con este fenómeno. La semana pasada se supo de la captura del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, porque presuntamente, a cambio de dinero, permitía el ingreso de licor y drogas y facilitaba visitas íntimas en horarios distintos a los establecidos, decía el fiscal del caso que cobraba 2 millones de pesos para ingresar una botella de whisky, 500.000 mil por una libra de droga y 3 millones para ubicar internos en patios distintos con mejores condiciones de reclusión; el año pasado había sido capturado el director de la cárcel La Picota por intentar extorsionar a un interno del pabellón de alta seguridad; en los dos últimos años han sido capturadas 120 personas vinculadas a esta institución, desconozco en este momento cuántas hay condenadas.

Pero que en este tiempo se hayan detenido a tantas personas pertenecientes a una misma institución sí debe ser un signo de alarma en cualquier parte y lo que debe llevar, necesariamente, a tomar correctivos, bien sea para mejorar lo que allí no funciona o a liquidarla y crear una nueva que pueda llevar a cabo la función de estar al frente del sistema carcelario en Colombia, seguramente no exenta del todo de la corrupción, pero si por lo menos más consciente que lo que ha sucedido ha desbordado todos los límites, al estilo de lo que sucedió con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, que después de haberse demostrado que desde allí se cometieron cualquier cantidad de crímenes de grueso calibre, se optó por desaparecerla y trasladar su funciones a otros organismos.

Se dice que en el Instituto Penitenciario y Carcelario –Inpec- hay 85 sindicatos, pero también se habla de 112, vaya uno a saber cuál es la cifra exacta, pero como sea, son bastantes, y ello, dicen los expertos, ha dificultado, o bien la reorganización de la entidad, o bien su desaparición. Debe procederse con serenidad pero con determinación a este respecto, desde hace muchos años se ha querido actuar y no se ha podido por razones que van desde la falta de voluntad política hasta las trabas de orden legal. Estamos cansados de tanta corrupción.

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Redacción Minuto30

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