Síguenos

Opinión

Criminalizar la minería de subsistencia o ancestral: una verdadera bomba de tiempo

Por: Guillermo Francisco Reyes González Phd

Publicado

el

Guillermo Reyes Reyes opina

La campaña sin tregua del Gobierno Nacional, de la mano de la Fuerza Pública y la Fiscalía en contra de la minería ilegal – hoy objeto de gravísimas manifestaciones y protestas en Antioquia (donde un número importante de mineros de Puerto Libertador se encadenaron frente a la sede de la Agencia de Minería de Antioquia reclamando la protección del Gobierno frente a la estigmatización como minería criminal la de los barequeros) y el Sur de Bolívar que amenazan una gran cruzada de paros nacionales liderados por las Mesas Mineras regionales y nacional -, puede constituirse en una verdadera bomba de tiempo en el último año del actual gobierno y en plena campaña electoral, por la falta de una política clara sobre lo que constituye la ilicitud de la minería, en la que injusta e ilegítimamente saldrá gravemente golpeada la minería ancestral o de subsistencia, de la que han derivado su fuente de sustento las comunidades indígenas y afrodescendientes del Pacífico, del Sur de Bolívar y Antioquia principalmente, y que hoy se constituye en un porcentaje que según la Agencia Nacional de Minería supera el 50% del total de las regalías provenientes del oro, que se constituyen en ingreso fundamental en épocas económicas grises por los efectos de la pandemia del Covid.

Surge entonces la apremiante necesidad de que el Gobierno, en su sano y legítimo propósito por penalizar la minería verdaderamente ilegal, aquella que carece de una fuente y un origen legítimo, permeada por grupos armados al margen de la ley, salga en defensa de aquellos que, como los barequeros, han venido ejerciendo tradicionalmente esta actividad, reconocida y protegida en instrumentos internacionales, como el Convenio169 de la OIT y entre otras, en las sentencias T-257 de 1993, SU-133 de 2017 y C-275 de 2019 de la Corte Constitucional, puesto que la criminalización y erradicación de la minería que omite la consecución de permisos y licencias, no puede extenderse a la realidad social y económica que impide a las comunidades asentadas históricamente en zonas de aprovechamiento mineral obtener la formalización.

Esta protección no es una solicitud que surja a la ligera por parte de la minería tradicional, ya que a través de las Mesas Mineras de las regiones donde se lleva a cabo esta actividad, los mineros ancestrales han luchado incansablemente por el reconocimiento de categorías diferenciadas en las que se regulen las actividades de extracción y explotación de los recursos naturales de acuerdo a las capacidades financieras y administrativas de los solicitantes.

El Gobierno ha olvidado la necesidad de formalizar este tipo de minería, que hoy por no gozar de título o contrato de concesión, es asimilada a minería ilegal, poniendo en grave riesgo a través de una intensa campaña de persecución y de atropellos por parte de la Fuerza Pública, pretendiendo criminalizar esa pequeña minería, hoy fuente fundamental de ingresos para el Estado vía regalías, y único ingreso de numerosas comunidades indígenas y afrodescendientes ancestrales en nuestra patria.

Es de vital importancia que el legislador ahonde en temas de minería de subsistencia, considerando las realidades, impedimentos, características y prácticas ancestrales de aquellas minorías que aprovechan la minería en ejercicio de sus derechos fundamentales como medio de trabajo, favoreciendo su calidad de vida y en prevalencia de su dignidad humana.

La Corte Constitucional en su sentencia C-275 de 2019 al examinar la constitucionalidad del Convenio de Minamata, definió la minería artesanal y en pequeña escala como “la extracción de oro llevada a cabo por mineros particulares o pequeñas empresas con una inversión de capital y una producción limitadas”, agregando que “a lo largo de las últimas tres décadas, el Estado colombiano ha venido modificando la estructura minera del país, utilizando distintos conceptos para clasificar su funcionamiento, que por supuesto ha generado mensajes contradictorios en la ciudadanía, que se mueve entre los borrosos márgenes de una actividad criminalizada, en ocasiones; pero también tolerada y auspiciada en otras”.

Así ocurrió en la sentencia T-204 de 2014, al señalar que la llamada minería ilegal es un fenómeno “real y notorio, que por costumbre e inacción del Estado es actualmente una realidad económica y social de la cual dependen ciudadanos que se ven obligados a ocuparse en este oficio informal”, enfatizando que “ha sido una actividad tolerada tácitamente por el Estado al permitir su funcionamiento y operación durante extensos períodos de tiempo”. Como ocurrió en el municipio de Marmato en donde históricamente se han explotado de minerales, de hecho, y en donde los procesos de formalización han resultado especialmente tortuosos para la población.

Al respecto, la Corte Constitucional precisó que “esta, como otras tantas solicitudes de legalización formuladas por pequeños mineros de Marmato sigan pendientes de ser definidas no descalifica el ejercicio de una actividad que, aunque ejercida de manera informal, ha sido reconocida y consentida por el Estado de diversas maneras” (Sentencia SU-133 de 2017).

El Gobierno no puede seguir dándole la espalda a la formalización de esta actividad minera, fundamental para los barequeros o mineros ancestrales, porque los territorios de su propiedad, como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT, han sido titularizados en favor de grandes multinacionales, desconociendo los usos y costumbres de estas comunidades que gozan de especial protección constitucional.

Está en manos del Gobierno el acatamiento de los instrumentos internacionales y de los precedentes jurisprudenciales, emprender una justa y necesaria política de formalización de esta minería ancestral, a través de la construcción de un diálogo social.

Llegó la hora, antes de que se produzca un estallido social, quizás a través de múltiples mingas indígenas y afrodescendientes a lo largo del territorio nacional, con consecuencias quizás más graves que las mismas que hasta hoy nos deja la pandemia del COVID.

Abogado Fundador de Reyes & González Abogados – Ex Magistrado Auxiliar Corte Constitucional – Ex Rector Universidad Católica de Colombia – Ex Viceministro de Justicia – Experto en Derecho Minero – Fundador Veeduría Ciudadana por la Defensa de una exploración y explotación minera responsable y bien hecha. Vocero y Representante de la Mesa Minera Nacional

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com

Síguenos en:
Google Noticias Canal Telegram Canal Telegram
Publicidad