Juliana Pungiluppi, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Farmiliar
Juliana Pungiluppi, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Foto: Icbf.

Juliana Pungiluppi, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Farmiliar

Juliana Pungiluppi, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Farmiliar. Foto: Icbf.

Minuto30.com-. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, manifestó que el instituto «respalda el compromiso y liderazgo del presidente de la República, Iván Duque, respecto a la medida de cadena perpetua para abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Creemos que es una pena ejemplarizante, sin embargo, debe venir de la mano de otras medidas como fortalecer el aparato judicial».

Señaló la alta funcionaria que el objetivo es reducir los casos de abuso sexual en contra de los menores de edad, y por ende es necesario el endurecimiento de las penas a los victimarios.

En los primeros 8 meses de 2018, el Icbf abrió 9.102 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Los cual, para la entidad, resulta preocupante. pues los casos van en aumento en comparación con el año anterior. Entre enero y agosto de este año, el Icbf ha venido atendiendo un promedio de 38 casos diarios de abuso sexual contra menores de edad, muy superior a los 31 casos que en promedio atendió cada día durante 2017.

Bogotá, con 2.245 procesos, es la región del país con el mayor número de casos de abuso sexual, seguida por el Valle del Cauca (946), Atlántico (569), Cundinamarca (553), Magdalena (389), Huila (350), Bolívar (314), Cesar (312), Córdoba (304), Antioquia (297), Nariño (229), Cauca (223), Boyacá (222), Tolima (209), Caldas (204), Quindío (196), Sucre (185), Caquetá (179), Meta (154), Risaralda (151), La Guajira (143), Santander (140), Casanare (139), Norte de Santander (109), Putumayo (87), Chocó (84), Arauca (58), Amazonas (43), Guaviare (27), Guainía (17), Vaupés (9), San Andrés (8) y Vichada (7).

«La legislación colombiana contempla penas de hasta 60 años de prisión para los responsables de abuso sexual en contra de la niñez. El artículo 199 de la Ley 1098 de 2016 establece la pérdida de beneficios jurídicos para estos casos. A pesar de ello, hay casos en los cuales las sanciones se aplican con penas irrisorias», dijo Pungiluppi.

Señaló que para el Icbf es necesario contar con sanciones ejemplarizantes para los delincuentes que cometan crímenes atroces contra los menores de edad. «La cadena perpetua, si bien no es la única acción, permitiría alejar definitivamente a los violadores de nuestra niñez», reiteró.

Sin embargo, explicó que para que el endurecimiento de las penas contra los violadores de menores de edad sea efectivo y se logre reducir de manera significativa la impunidad, el Icbf considera necesario fortalecer el aparato judicial.

De otro lado, la directora destacó la importancia de la corresponsabilidad por parte de las instituciones y de la sociedad, e invitó a continuar denunciando a través de la línea 141 y todos los canales puestos a disposición de la ciudadanía, para poder brindar atención de manera oportuna. Por este medio, el instituto ha registrado un aumento significativo de denuncias de abuso sexual entre enero y septiembre de este año (69%), llegando hasta los 2.089 casos.

Asimismo, resulta preocupante para la entidad que la mayoría de los casos de abuso sexual se presenta en los entornos más cercanos a los niños. Según datos de Medicina Legal, los mayores victimarios están dentro de la familia con el 46,2% de los reportes, mientras que el 22%, son personas cercanas.

«La apuesta del Icbf  en los próximos años será fortalecer todos sus programas para que las familias se consoliden como las primeras garantes de los derechos de la niñez y sus verdaderos entornos protectores. Vamos a liderar el trabajo de prevención y garantía de los derechos para romper el ciclo de vulneración en aquellos casos que el instituto haya intervenido para restablecer los derechos de un menor de edad», puntualizó Pungiluppi.

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