Colombia, el país que quiere salir del subdesarrollo pero no propicia la generación de empleo formal; según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en las 23 ciudades capitales más importantes se presentan cifras de informalidad del 48,5%, y a nivel nacional del 80%, es decir, tenemos un cúmulo de personas ocupadas pero que no cotizan al sistema de seguridad social, no tienen posibilidades de acceder a una pensión, muchas con ingresos menores a un salario mínimo legal mensual y cada vez se requieren más subsidios estatales para lograr la subsistencia.

Esto demuestra que las políticas del gobierno no están siendo efectivas ni orientadas a procurar que las familias tengan ingresos que garanticen equidad y desarrollo económico. Por eso nuestro país tiene subsidios al adulto mayor, salud, familias en acción, de educación, del PAEF, discapacidad, vivienda, ingreso solidario y muchos más.

Como consecuencia de esto, el Estado termina ofertando una cantidad de subsidios al no tener programas de formalización para el 80% de los colombianos, esto implica sacrificar programas que impulsen la productividad y la competitividad. Las actividades más comunes que desempeñan quienes hacen parte del sector laboral informal, son los venteros ambulantes que utilizan el espacio público.

Tenemos la Ley 1988 de 2019, que tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público y la misma disposición los clasifica como vendedores ambulantes informales ambulantes, estacionarios, semiestacionarios, periódicos, ocasionales o de temporada.

La promulgación de la ley y la posibilidad de crear la política pública son necesarias para el buen manejo del espacio público, el fomento de la asociatividad de los informales y buscar espacios y proyectos rentables y comunes; además de posibilidades de tener una pensión accediendo a los BEPS, también se debe lograr la formalización social y formación, atendiendo necesidades específicas que propendan por la equidad e inclusión social. Es necesario que la institucionalidad y los ciudadanos hagan una vigilancia estricta del cumplimiento de los lineamientos de esta.

Colombia debe generar los cambios necesarios para alcanzar que el 100% de las personas tengan empleos formales y así se mejora las condiciones de vida, crece la productividad, la competitividad, la economía; debemos garantizar la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas, regulando el uso productivo del espacio público, así como la gestión de recursos económicos para el mantenimiento, el mejoramiento y la construcción de nuevos espacios.

Se deben generar apoyos a los microempresarios, facilitar la creación de nuevas empresas y así lograr que cada una de las familias aporte a la seguridad social como ocurre en la mayoría de países desarrollados, de ese modo creamos una verdadera cultura de la formalidad y el progreso.

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Redacción Minuto30

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