La COVID-19 ahora es considerada una enfermedad laboral en Colombia, ello como gestión del Ministerio del Trabajo en el decreto 676.
La autoridad nacional estableció dicho ingreso para tener en cuenta a los trabajadores de la salud incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que participan de la atención diaria a la pandemia.
En dicho decreta se explica que durante el periodo de emergencia que se vive en el territorio nacional, las ARL están obligadas a asumir los costos de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas que se realicen a los trabajadores dependientes o independientes vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios del sector salud.
En el decreto se reitera que las ARL deberán contribuir con la financiación y/o con la entrega de los elementos de protección personal de sus afiliados.
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