Resumen: La Contraloría General de la República (CGR) ha tomado el control de la vigilancia fiscal de varios contratos celebrados por la Alcaldía de Cali desde el año 2020. Esta medida se debe a la detección de posibles irregularidades en la gestión de estos contratos, lo que podría generar detrimento patrimonial al Distrito.
La Contraloría General de la República (CGR) ha decretado la intervención funcional de oficio sobre una serie de contratos suscritos por la Alcaldía de Cali y sus entidades desde el año 2020. Esta medida se toma tras un informe preliminar que revela posibles riesgos para los recursos públicos y falta de rigurosidad en los procesos contractuales.
La intervención estará a cargo de las Contralorías Delegadas para los sectores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Infraestructura y Defensa y Seguridad. Se revisarán un total de 47 contratos en áreas críticas como la tecnología, la infraestructura y la seguridad.
Fundamentos de la intervención:
Facultades de la CGR: La Constitución Política y el Decreto Ley 403 de 2020 otorgan a la CGR la facultad de asumir el control y vigilancia fiscal en casos de trascendencia o impacto social y económico.
Presuntas irregularidades: El informe preliminar evidencia posibles riesgos para los recursos públicos y falta de rigurosidad en las etapas de planeación, ejecución y supervisión contractual de los contratos en cuestión.
Objetivos de la intervención:
Garantizar la observancia de los principios de la vigilancia y control fiscal de los recursos públicos.
Determinar si existen responsabilidades fiscales.
Aplicar las medidas sancionatorias que correspondan, si es el caso.
Duración de la intervención:
La intervención se extenderá hasta la culminación de las actuaciones correspondientes, incluyendo la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo, si procede.
La CGR reitera su compromiso con la vigilancia y control fiscal del erario público y continuará tomando las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos del Estado.
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