Contraloría defiende sus facultades ante demandas contra normas sobre inhabilidades de servidores públicos

El Contralor General, Edgardo Maya Villazón. Cortesía. CGR.

El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitó este miércoles a la Corte Constitucional declarar exequibles las inhabilidades a funcionarios y exfuncionarios con algún proceso fiscal en curso para desempeñar cargos públicos, e incluso la posibilidad de llegar a la Presidencia de la República.

Así lo señaló el jefe del organismo de control tras realizar una férrea defensa de las facultades constituciones que tiene la Contraloría General de la República ante el alto tribunal.

El Contralor realizó la solicitud a la Corte ante las demandas que han interpuesto algunos implicados en procesos fiscales contra algunos apartes de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

“Las disposiciones acusadas no solo no vulneran la Constitución Política, sino que son acordes con los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en la lucha contra la corrupción y con la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional que, de una u otra manera, se ha referido a esta inhabilidad en el marco de las atribuciones constitucionales de la Contraloría General de la República”, argumentóal respecto el Contralor.

El jefe del organismo auditor sostuvo que “el examen de constitucionalidad de la Corte no puede limitarse a una sola cara de la moneda: la protección de quien quiere ser elegido o desempeñar un cargo público, que es el núcleo de esta demanda, pues, hay otra cara a tener en cuenta: que esa misma persona, cuando desempeñó funciones públicas, dio lugar a un daño patrimonial al Estado y, por ello, el órgano de control profirió un fallo de responsabilidad fiscal”.

Dijo además que “en lo que decida finalmente la Corte Constitucional hay además de lo jurídico un factor ineludible que debemos tener en cuenta y es la percepción de lo qué es y lo que representa la Contraloría General de la República en el Estado colombiano. Es decir, si la sociedad aceptaría, sin ninguna objeción, que este ente de control vaya desapareciendo, vía supresión de atributos constitucionales y legales, como ya sucedió con el control de advertencia”.