
Foto: @GobAntioquia
Minuto30.com-. El contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, exhortó a los alcaldes del departamento a cumplir con la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, sobre la adopción de la política nacional de gestión del riesgo de desastres y el establecimiento del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres.
Zuluaga Peña recordó que solo los municipios de Chigorodó y Marinilla adquirieron predios en 2016 para la conservación de las áreas de importancia estratégica y proteger los recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, según lo estipula el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, o ley general del ambiente en Colombia. Los demás municipios hicieron inversiones por aproximadamente 800 millones para tal fin.
El contralor de Antioquia recordó, además, que en el departamento hay 14 municipios sin plan de gestión del riesgo y estrategias de respuesta, y nueve sin cuerpo de bomberos.
El llamado de atención del contralor a los alcaldes se centra en las siguientes peticiones:
- Revisión del funcionamiento de sistemas de alerta temprana institucional y comunitario, de manera que estén activos frente a la temporada invernal.
- Estar atentos a la información y las alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
- Trabajar conjuntamente con la UMATA, la Secretaría de Ambiente o la autoridad ambiental para monitorear los cuerpos de agua que puedan afectar a la población o los sistemas productivos.
- Verificar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua y los servicios básicos del municipio.
- Comunicarse permanentemente con guardacostas y capitanías de puerto, ante recomendaciones para evitar riesgos a embarcaciones y personas ubicadas en zonas costeras.
- Motivar a las comunidades para que implementen planes de emergencia que les permitan estar preparados y saber cómo actuar frente a posibles eventos por lluvias.
- Establecer un plan de revisión estructural con instituciones públicas, privadas y comunitarias (especialmente con instituciones educativas y de salud), de manera que puedan detectar y corregir riesgos antes de la temporada invernal.
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