Resumen: Un desbalance entre ingresos y gastos del Presupuesto 2026 obliga al Gobierno a aplicar medidas de austeridad y revisar la ejecución fiscal.
La Contraloría General de la República hizo un llamado tras alertar sobre un desbalance entre los recursos que ingresarán a la Nación y los compromisos de gasto proyectados para 2026, una situación que obligaría al Gobierno a realizar ajustes bajo estrictos criterios de austeridad y control fiscal.
De acuerdo con el documento técnico, los ingresos aprobados para la próxima vigencia fiscal rondan los $528 billones, mientras que los gastos superarían los $545 billones, dejando una brecha considerable que limita el margen de acción del Ejecutivo.
La situación se complica aún más si se tiene en cuenta que cerca del 91% del presupuesto corresponde a obligaciones que no pueden modificarse fácilmente.
La distribución del gasto para 2026 evidencia estas restricciones: el funcionamiento del Estado concentraría alrededor del 66%, el servicio de la deuda cerca del 19% y la inversión pública apenas un 15%, lo que reduce la capacidad del Gobierno para impulsar nuevos proyectos o fortalecer programas sociales.
Otro de los puntos que genera preocupación es la baja ejecución presupuestal registrada en los últimos años. En 2024, el nivel de compromiso del presupuesto no superó el 84%, mientras que los recursos destinados a inversión apenas alcanzaron el 58%.
Para 2025, con corte a mediados de diciembre, la ejecución global se ubicó cerca del 80%, y la inversión no logró superar el 54%, a pocos días del cierre fiscal.
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Desde los organismos de control se advirtió que cualquier recorte deberá hacerse con cuidado para no afectar la prestación de servicios públicos esenciales ni poner en riesgo la estabilidad económica del país.
Aunque el pago de la deuda es ineludible, se sugirió explorar estrategias de manejo financiero que permitan aliviar parcialmente esta carga.
Asimismo, se recomendó revisar gastos operativos como contratos de prestación de servicios, viáticos y otros rubros administrativos, sin tocar compromisos estructurales como pensiones, transferencias obligatorias y programas sociales prioritarios.
Para los expertos, corregir el desbalance fiscal no solo depende de recortes, sino también de mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto y fortalecer la planeación financiera del Estado.
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