Contraloría adelanta dos procesos de responsabilidad fiscal contra el exgobernador Alan Jara

Alan Jara. Foto: Cortesía

Minuto30.com-. La Contraloría General de la República anunció que actualmente adelanta dos procesos de responsabilidad fiscal contra Alan Jara Urzola, exgoberandor del Meta, y por ende fue llamado a responder por más de 21.513 millones de pesos, ejecutados durante su gobierno.

Uno de los procesos, recientemente abierto en febrero pasado por más de 9.220 millones de pesos, hace referencia a los contratos suscritos por la Gobernación del Meta con la Empresa de Petróleos del Llano, Llanopetrol, para la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento del Meta.

En este caso, indicó la Contraloría, “no se ha establecido el beneficio de los recursos girados por la Gobernación, situación agravada por el hecho de que Llanopetrol era una empresa apenas en proceso de constitución en ese momento”.

Además de Alan Jara, quien en su condición de gobernador era miembro de la Junta Directiva de Llanopetrol, también fueron llamados a responder otros miembros de la misma: Luz Stella Casasfranco Vanegas, en su calidad de secretaria jurídica del Departamento para el periodo de la administración de Jara Urzola; así como Hernando Martínez Aguilera, entonces director de Planeación del Departamento; y Jairo Iván Frías Carreño, secretario de Hacienda del Departamento.

Explicó el organismo controlador que los tres fueron llamados a responder en condición de integrantes de la Junta Directiva de Llanopetrol y “vinculados a los referidos cargos del orden departamental en el Meta, en el periodo 2012 a 2015”.

Igualmente fue vinculado al proceso el entonces gerente de Llanopetrol, Ricardo Rodríguez Henao.

La Contraloría pudo establecer que el proyecto de inversión presentado por el gerente de la empresa, y avalado por su Junta Directiva, “no siguió los procedimientos del Ciclo de Proyectos ni completó las fases y etapas previas”.

Así mismo, el proyecto “se presentó sin los estudios mínimos requeridos para un proyecto de tal importancia, como serían: estudio de mercado (demanda, oferta y déficit), estudio legal, estudio técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y tamaño), estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero”.

Por lo anterior, “no existía una cadena de valor que permitiera evaluar la refinería, ni se establecieron indicadores que permitieran conocer si era la mejor alternativa posible”.

Jara debe responder por obras inservibles

Otro de los procesos contra el exgobernador Jara Urzola, iniciado en abril del año pasado, se relaciona con los recursos ejecutados por su administración con ocasión del convenio suscrito para la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, mediante la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Los recursos del convenio fueron aportados por la Gobernación del Meta y por Ecopetrol, y se ejecutaron a través de la Empresa de Servicios Públicos del Meta, EDESA S.A. – E.S.P.

La Contraloría pudo establecer “que las obras no fueron terminadas en un 100% según lo previsto en los contratos, pero sí se pagó la totalidad del precio acordado”.

La obra, en su momento, no contaba con el permiso del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, así como tampoco con la planta de tratamiento de aguas residuales, explicó el organismo de control.

En este proceso, la Contraloría estimó la existencia de un daño patrimonial en cuantía superior a los 12 mil 293 millones de pesos, por la inversión ineficiente de los recursos, donde las obras ejecutadas no prestaron un servicio real a la comunidad.

Además del exgobernador Jara Urzola, fueron llamados a responder los exgerentes de la Empresa de Servicios Públicos del Meta, José Edgar Patarroyo Vargas y Carlos Enrique Vaca Rodríguez, así como el también exgobernador Darío Vásquez Sánchez.

Igualmente se encuentran involucrados al proceso Héctor Andrés Castro Rey y Marilu Pulido Ramírez, en su calidad de gerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio; el contratista del proyecto Fernando Alonso Rojas Rincón y las empresas Consultores Ingenieros y Arquitectos COINAR LTDA. e INGECOL S.A., representadas legalmente por Diego Jesús Niño Galvis y Cristian Gómez Mejía, respectivamente, junto con los funcionarios administradores y gestores del convenio.