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Foto tomada de archivo para ilustrar esta noticia.
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $2.838, por supuestas irregularidades en la construcción del edificio administrativo de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. – EMPAS.
En un comunicado, el ente de control fiscal indicó que «la obra presentó irregularidades técnicas en su parte estructural, al incumplir la norma de sismo resistencia de 2010, así como la norma urbana 14-051NU establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bucaramanga».
Los hechos corresponden a contrato de obra, suscrito por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. – EMPAS, con la Unión Temporal Edificio Administrativo 2015, por una cuantía inicial superior a los $5 mil millones de pesos.
El otrosí contemplaba la construcción de un edificio de 9 pisos con climatización natural y sistemas de iluminación y ventilación también naturales. Su ejecución tendría una duración de 7 meses a partir del 13 de julio de 2015, por lo que la obra debía ser inaugurada a principios de 2016.
Incumplimiento a normas de sismoresistencia
De acuerdo con la Contraloría, «las especificaciones técnicas y arquitectónicas inicialmente contempladas fueron cambiadas, sin que el contratista, así como tampoco el interventor ni el supervisor de la obra lo impidieran».
Los documentos técnicos en los que se justificaron dichos cambios confirmaron el incumplimiento de la Norma Sismo Resistente de 2010, así como las irregularidades técnicas presentadas en la estructura del edificio administrativo, todavía en construcción.
El ente de control indicó que la cuantía del daño, que asciende a $2 mil 838 millones de pesos, «corresponde al valor del anticipo pagado al contratista, así como los demás pagos parciales del mencionado Contrato toda vez que lo ejecutado hasta la fecha no corresponde a las especificaciones técnicas y arquitectónicas previstas, lo que conlleva además un riesgo inminente que compromete la infraestructura construida».
«Lo anterior podría afectar la estabilidad de la obra, como consecuencia de una gestión ineficiente, inadecuada y antieconómica por parte del contratista», subrayó la CGR.
La entidad señaló como presuntos responsables del mencionado detrimento patrimonial a los miembros de la Unión Temporal Edificio Administrativo 2015, quienes tendrán que responder con su propio patrimonio por los más de $2 mil 838 millones que recibieron en pago de la obra.
Así mismo, se evaluará la responsabilidad tanto de la firma interventora Consorcio Interventor RCG Santander, como del ingeniero a cargo de la supervisión del contrato, quienes habrían permitido el incumplimiento.
«La conducta de los miembros del consorcio contratista, así como la de los miembros del consorcio a cargo de la interventoría y la del supervisor del contrato, llevó a un manejo inadecuado de los recursos públicos, incurriendo en una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, que en últimas condujo a que la obra se paralizara por el riesgo en la infraestructura construida, afectando su estabilidad, y llevando en consecuencia a la pérdida de más de $2 mil 838 millones de pesos», indicó el ente de control fiscal.
Los hechos fueron puestos en conocimiento tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la Fiscalía General de la Nación.
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