[VIDEO] Así intervino el Contralor General en el Foro de la Reforma Laboral

Durante el foro “Reforma Laboral. Una mirada para el control fiscal”, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, manifestó, entre otros puntos, que esta reforma se debe analizar con responsabilidad y serenidad.

“Considero que es importante poder lograr una visión integral de las reformas a la protección social (salud, pensional y laboral), que permita armonizar y articular sus efectos en conjunto”, inició diciendo el alto funcionario.

El Contralor también manifestó que al conocer el articulado de la Reforma, la CGR ve la necesidad que tiene Colombia en construir un Estatuto del Trabajo, que permita integrar con mayor profundidad y alcance el conjunto de las relaciones laborales y su dinámica y ha analizado las modificaciones propuestas al Código Sustantivo del Trabajo y a otras normas laborales que, si me permiten un intento de síntesis, están orientadas a profundizar la conceptualización del trabajo digno y decente.

“La CGR encuentra que esta reforma tiene diferencias importantes con los planteamientos de las tres últimas reformas laborales (Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002 y Ley 1429 de 2010), mediante las cuales, entre otras cosas, se flexibilizó la legislación laboral, buscando acoplarse a la internacionalización de la economía y abrir paso a modalidades flexibles de vinculación, con la finalidad de ajustarse a las dinámicas del mercado. Así mismo, las reformas se impulsaron con el supuesto de que generarían más empleo y disminuirían la informalidad, resultados que no se lograron en su totalidad”, dijo el contralor.

Según el análisis de Rodríguez la propuesta de la Reforma abarca puntos sustanciales tales como el aumento de la protección al empleado por nuevos procedimientos e indemnizaciones por despido, así como el incremento de otros beneficios a los trabajadores (jornada de trabajo, recargo dominical y festivo, licencia de paternidad).

“En particular, consideramos fundamentales las propuestas de avanzar en la inclusión de los trabajadores rurales en la búsqueda de condiciones de protección social integral a través del contrato y jornal agropecuario; y en la misma línea, incorporar a la discusión a un sector de trabajadores de la denominada economía digital”, puntualizó el Contralor.

Además, invitó a revisar especialmente en el sector público las desiguales condiciones de garantías laborales y de protección social de las personas vinculadas a los contratos de prestación de servicios y que se busca solucionar con la formalización de la planta.

El CGR también hizo un resumen de las actuaciones de la Contraloría, en materia de seguimiento a las políticas públicas del sector:

Se han elaborado estudios de análisis sectorial, que ponemos a disposición en nuestra página web. Entre los más recientes están: “Covid 19 y Sistema General de Pensiones (SGPE) en Colombia. Observaciones generales a la situación, gestión y resultados del 2020”; “Desempleo en Colombia en el marco de la emergencia por Covid-19, impacto diferente en hombres y mujeres”; y “Seguimiento y Comentarios a las Reformas en el Sector Trabajo 2018-2021”.

Articulados con la estrategia institucional, para el cuatrienio vamos a fortalecer los estudios sectoriales y las evaluaciones a políticas públicas, cuyo objetivo está encaminado, al ejercicio de un control fiscal, que incluya el análisis de los planes y programas gubernamentales, donde se logre que la gestión pública y las inversiones alcancen sus objetivos en beneficio de los ciudadanos.

De otra parte, la Entidad realiza el seguimiento al Presupuesto General de la Nación, a través de los recursos asignados a las entidades que de acuerdo con la Resolución de Sectorización componen el Sector Trabajo, los cuales sumaron $30,6 billones en la vigencia 2022; así como a los recursos parafiscales por $68,2 billones, entre los que se destacan el aporte a pensiones, ARL, Cajas de Compensación Familiar y Juntas de Calificación de Invalidez tanto Regionales y Nacional. En total son $98,8 billones, los recursos administrados por 82 sujetos de control, vigilados por la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo.

La CGR, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó un estudio relacionado con el manejo de los recursos públicos colocados en fiducias, del cual se concluyó que durante la vigencia de 2021 fueron administrados $128,6 billones representados en 3.241 negocios fiduciarios, de los cuales el 63% correspondió a pasivos y seguridad social.

En relación con las actuaciones de la CGR adelantadas por el Sector Trabajo desde el 2020, luego de la restructuración de la Delegada para dicho sector en virtud del Acto Legislativo 04 de 2019, al 2022 se han realizado 117 actuaciones de vigilancia y control fiscal a diversos sujetos de control como Administradoras de Fondos de Pensiones de Régimen de Ahorro Individual, ARL y Cajas de Compensación Familiar, mediante Auditorías, Actuaciones Especiales de Fiscalización y Seguimientos Permanentes a los recursos, auditando aproximadamente $255 billones de las últimas 3 vigencias fiscales.

En estos ejercicios fiscales se encontraron 1.010 hallazgos administrativos, entre ellos, 167 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $87.352 millones, 30 hallazgos con presunta incidencia penal trasladados a la Fiscalía General de la Nación y 525 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria trasladados a la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, 65 beneficios de control fiscal por $10.454 millones.

Por otra parte, de 2020 a la fecha, se han iniciado 79 procesos de responsabilidad fiscal por $63.101 millones, los cuales en su gran mayoría se encuentran en trámite procesal, además de 105 indagaciones preliminares en curso por $60.302 millones.

Entre los hechos más relevantes encontrados por la CGR, se destacan las deficiencias en la gestión y en el uso de los recursos públicos y/o parafiscales, en aspectos como:

Un inadecuado seguimiento por parte de Colpensiones a los recursos utilizados en la constitución de títulos judiciales, que respaldan las sentencias y/o procesos de reconocimientos pensionales.

Un inadecuado manejo por parte del Ministerio de Trabajo a la inversión de los recursos de la parafiscalidad correspondientes al Fondo de Riesgos Laborales, pues éstos durante el año 2021 estuvieron colocados a tasas por debajo del promedio de colocación.

Adicionalmente, debilidades del Fondo de Solidaridad Pensional adscrito al Ministerio de Trabajo, que administra los Programas de Colombia Mayor y de Subsidio al Aporte para Pensión, en cuanto al cumplimiento de sus funciones, infraestructura y recurso humano para la atención de las funciones que cumple.

Transferencia del 1% al Fondo de Riesgos Laborales del recaudo por cotización a cargo de los empleadores, por parte de las ARL, fuera de los tiempos establecidos.

Valor de gastos de administración utilizados por algunas Cajas de Compensación Familiar superior al total de gastos máximos permitidos por la ley.

Uso de recursos de la parafiscalidad, por parte de algunas Cajas de Compensación Familiar, en actividades no incluidas en las permitidas por la ley.

Desde la CGR observamos la necesidad fortalecer el Ministerio del Trabajo en su labor de vigilancia y control, para mejorar la garantía de derechos labores; ya que la entidad no cuenta, por ejemplo, con suficientes inspectores de trabajo para lograr efectividad en la fiscalización de las regulaciones. Según el estándar de la OIT, Colombia debería contar con 1.966 inspectores, hoy tiene sólo 904.

Además, debe apoyar su gestión mediante el uso de plataformas informáticas más robustas, poder implementar mejores controles a través de los contratos de manejo de los fondos con las fiduciarias, y poder realizar la contratación de las interventorías para realizar el control y vigilancia de dichos recursos.

También es necesario fortalecer la jurisdicción laboral, por ser la más congestionada entre todas las especialidades con el 59% de casos, seguida por la civil con 52%. Los procesos han crecido, mientras que el número de jueces se ha mantenido en 11 por cada 10.000 habitantes; muy por debajo de la media internacional de la OECD (65 jueces por cada 10.000 habitantes).

Todas las reflexiones acá compartidas responden a un análisis propositivo desde la CGR, que, en conjunción con otros realizados por gremios, academia, organizaciones sociales, gobierno, nos puede permitir sumarnos a un ejercicio de construcción de las relaciones laborales que el momento histórico de Colombia necesita, y por lo que quedamos sumamente interesados en escuchar y valorar las distintas miradas que cada uno de ustedes aportará a la discusión de la reforma en curso.

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