
La Procuraduría reiteró su solicitud de revocar el envío a prisión al ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero,Uiaf, Mario Aranguren y del ex subdirector de Operaciones Eduardo Daza.
El procurador Henry Bustos reiteró que la Fiscalía no demostró que el ex director de la Uiaf, Mario Aranguren, era un peligro para la sociedad, y de ahí que sea inviable la imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de su libertad.
Dijo que la Juez 52 Penal con Funciones de control de Garantías de Bogotá fue carente de argumentación, en ese sentido, y no entendió las objeciones del Ministerio Público.
Contexto
Este viernes podría revertirse la orden de la Juez 52 Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá de enviar a la cárcel al ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren y a su subdirector de Operaciones Eduardo Daza.
A las 10:00 de la mañana se iniciará la audiencia en que el Juez 26 Penal Municipal de Bogotá definirá si acepta o no la petición de los defensores de concederles el beneficio de la detención domiciliaria.
Los imputados son sospechosos de haber hecho parte de la empresa criminal destinada a promover seguimientos irregulares contra magistrados y líderes opositores que se fraguaron desde algunos organismos de inteligencia bajo la tutela del Gobierno, según la investigación adelantada por la Fiscalía.
Aranguren y Daza son sospechosos de haber incurrido en los cargos de cargos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad, que pudieron haberse configurado tras su presunta participación en las persecusiones y seguimientos ilegales de los que fueron víctima los magisrados de las altas cortes y algunos líderes opositores.
Para el fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, es claro que el haber iniciado esta persecución buscaba, a como diera lugar, que los magistrados de la Corte fueran vinculados con actividades ilícitas, pues fueron blanco de investigaciones que no contaban con sustento probatorio y que estuvieron sustentadas incluso en información de prensa sin ninguna validez jurídica.
Según los datos obtenidos por el Fiscal del caso, fue la Presidencia la que impartió las órdenes para filtrar a algunos periodistas la información obtenida en los seguimientos, pese a su escaso valor probatorio; de ahí los artículos de prensa en los que se dio cuenta del supuesto vínculo existente entre el ex presidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez y Ascencio Reyes, sindicado de mantener vínculos con el italiano Girogio Sale, acusado de narcotráfico.
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