Resumen: ¡Condenados exdirectores de la CAS! 8 años de prisión para Flor María Rangel Guerrero y 7 años y 9 meses para Héctor Murillo por irregularidades en un contrato San Gil, Santander, 31 de mayo de 2024 Un juez de la República condenó a Flor María Rangel Guerrero, exdirectora general de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), a 8 años de prisión y a Héctor Murillo, exdirector de Gestión Ambiental de la misma entidad, a 7 años y 9 meses de prisión. La condena se produce por irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito en agosto de 2011, que tenía por objeto reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales. El contrato fue adjudicado a una unión temporal por un valor superior a 3.400 millones de pesos. Durante la ejecución del contrato, se giró el 90% del monto total, equivalente a $3.075 millones, sin que se hubiera cumplido ni siquiera con el 50% del objeto del mismo. Además, la contratación no contaba con los estudios previos necesarios y no se nombró una interventoría, pese a que se trataba de una importante suma de dinero. De acuerdo con la Fiscalía, Oscar Pereira, supervisor del contrato, también fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. Las tres personas fueron halladas responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Los condenados apelaron la sentencia proferida por un juzgado de conocimiento de San Gil (Santander).
Luego de que el juez conociera las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Seccional de Santander, en la tarde de este 31 de mayo fue condenda Flor María Rangel Guerrero a 8 años de prisión y a Héctor Murillo a 7 años y 9 meses de prisión, exdirectores de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).
Dichas condenas se dieron por irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito en agosto de 2011, que tenía por objeto reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales.
Dicho contrato fue adjudicado con una unión temporal por un valor superior a 3.400 millones de pesos. Durante la ejecución se giró el 90 % del monto total, equivalente a $ 3.075 millones, sin que se hubiera cumplido con el 50 % del objeto.
Además, dicha contratación no contaba con los estudios previos, ni se nombró una interventoría pese a que se trataba de una importante suma de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía, Oscar Pereira, supervisor de contrato, también fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión.
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Estas tres personas fueron halladas responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los condenados apelaron la condena proferida por un juzgado de conocimiento de San Gil (Santander).
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