Fotografía de archivo de grupos feministas durante una manifestación en los exteriores del Complejo Judicial Norte, tras instalarse la audiencia de juicio de Cáceres y Alfonso Camacho procesados por el feminicidio de María Belén Bernal ocurrido el año pasado en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 25 may (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó este jueves a 34 años y 8 meses de cárcel al expolicía Germán Cáceres por el feminicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal, cuyo caso sacudió a la sociedad ecuatoriana y se volvió en un símbolo de la violencia machista en el país al ser asesinada dentro de un recinto policial.

Los magistrados del Complejo Judicial Norte de Quito aplicaron contra Cáceres la pena máxima agravada en el código penal ecuatoriano por el delito de femicidio e impusieron una reparación integral para la familia de Bernal de unos 260.000 dólares.

A su vez, absolvieron al policía Alfonso Camacho, quien había sido acusado por la Fiscalía por un presunto delito de omisión de ayuda.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía, situada en el norte de Quito, donde Cáceres acabó con la vida de Bernal y luego ocultó su cadáver, que no fue encontrado hasta 10 días después, mientras que él se dio a la fuga y no fue capturado hasta finales de diciembre en Colombia.

Después de que la Fiscalía culminara este jueves su alegato final, el tribunal a cargo del juicio no dilató la resolución y emitió la condena contra Cáceres en la misma jornada.

Tras finalizar la audiencia, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, anticipó que apelarán la sentencia porque consideran que Camacho es también culpable, aunque manifestó estar conforme con la pena otorgada a Cáceres.

«Me siento conforme porque es lo máximo que determina la norma, pero esto no me devuelve a mi María Belén. Seguiré en las calles», advirtió Otavalo, que reiteró su queja contra el Estado.

«Es un camino completamente duro sin acompañamiento de instituciones del Estado. Lo que tenemos acompañamiento es de las mujeres y de grupos de derechos humanos. Es un Estado indolente que no vela por los derechos de las mujeres. No ha hecho nunca nada por las mujeres. Aquí estamos y nos siguen matando», añadió.

Desde un inicio, Otavalo calificó el feminicidio de su hija como un crimen de Estado por haberse producido dentro de una sede policial que está a cargo del Estado y donde se supone que María Belén Bernal debía haber estado protegida.

Por su parte, el abogado de la familia de Bernal, Jesús López, indicó que la reparación integral también incluye la creación de una medalla llamada «María Belén Bernal» que se entregará «a la mejor cadete que obtenga la primera antigüedad dentro de la Escuela Superior de Policía».

Asimismo, instó a la Policía Nacional a impartir dentro de la currícula de estudios de la Escuela Superior la materia de derechos humanos con perspectiva de género.

La autopsia reveló que María Belén Bernal murió estrangulada en medio de una discusión con Cáceres dentro de la habitación que este tenía en la Escuela Superior de Policía, donde ejercía de instructor.

El expolicía, que confesó el crimen una vez detenido, logró sacar el cuerpo de su esposa del recinto policial y lo lanzó a un cerro cercano, por lo que Bernal permaneció desaparecida durante diez días en los que su caso centró la atención de la opinión pública nacional y protestas feministas contra la Policía.

Mientras, Cáceres aprovechó para fugarse del país y no fue capturado hasta más de tres meses después en Colombia, donde inmediatamente fue expulsado y puesto a disposición de las autoridades ecuatorianas.

María Belén Bernal fue uno de los 332 feminicidios registrados en Ecuador en 2022, según los datos de la Fundación ALDEA junto a la Iniciativa Spotlight, lo que supone el año con más casos desde que en 2014 se tipificó en Ecuador el delito de femicidio.

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Laura Pineda

Comunicadora social de la Universidad Católica Luis Amigó. Soy amante de contar historias de ciudad y tengo un agudo olfato periodístico.

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