Resumen: Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio condenados a más de 9 años de cárcel como responsables de defraudar a por lo menos 200 familias en el municipio de Bello y otras localidades del norte del Valle de Aburrá, tras recaudar millonarios recursos para un proyecto inmobiliario que jamás se construyó.
Minuto30.com .- Por lo menos 200 familias de Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá entregaron dinero para adquirir una vivienda que nunca pudo construirse. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación permitieron conocer que Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio promovieron la iniciativa y obtuvieron más de 500 millones de pesos de los compradores.
Por estos hechos, ocurridos entre 2015 y 2018, un juez penal de conocimiento los condenó a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa.
En el curso de la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Medellín se conoció que los hoy sentenciados promocionaron un supuesto proyecto de vivienda de interés social en el barrio Pachelly de Bello, que contemplaba la construcción de 804 unidades habitacionales.
A quienes mostraban interés les aseguraban que la iniciativa contaba con el respaldo de un programa del Gobierno nacional y que recibirían un subsidio superior a 13 millones de pesos.

Mario Albeiro Montoya Osorio y Sandra Milena Parra Rivera condenados por falso proyecto VIS en Bello, con el que «tumbaron» a más de 200 familias
Parra Rivera y Montoya Osorio recurrieron a una empresa constructora legalmente constituida para captar de manera reiterada los recursos de las personas que pretendían acceder a los inmuebles. Asimismo, utilizaron los nombres de otros proyectos urbanísticos de la compañía y los presentaron como respaldo.
En realidad, el proyecto nunca fue aprobado por las autoridades locales, a través de las curadurías o de la oficina de planeación municipal, y no era viable para su ejecución. Aun así, las víctimas suscribieron contratos de compraventa y realizaron pagos y anticipos que terminaron consignados en cuentas de la constructora y en cuentas personales de los hoy condenados. De esta manera, obtuvieron un provecho económico ilícito superior a los 500 millones de pesos.
Esta decisión es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley.
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