Concejales de Medellín pidieron hoy en sesión plenaria mayor rigurosidad en el control que la administración municipal debe realizar a los proyectos de vivienda de interés prioritario, con el fin de que empresas constructoras no incurran en violación de las normas urbanísticas.

Destacaron que de 36 proyectos de vivienda de interés prioritario, 30 han sido aprobados por la curaduría cuarta.
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal del partido Liberal, primera bancada citante del debate, aseveró que cerca de 12 mil familias han sido afectadas por la hipermegaestafa inmobiliaria en Medellín, especialmente en los estratos uno, dos y tres. Afirmó que el Estado ha sido incapaz de controlar esta estafa inmobiliaria y que el problema de las falsas vip está desbordado.
Voceros de los afectados han señalado al Estado y específicamente a diferentes organismos del municipio como responsables de la delicada situación que afrontan por la ausencia de control, aseguró el corporado.
Agregó que estos proyectos se han convertido en una renta de grupos ilegales mediante los cuales lavan los ingresos del narcotráfico.
El concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, del partido de la U, segunda bancada citante del debate, manifestó que la administración municipal en cabeza del departamento Administrativo de Planeación, tiene mucha responsabilidad en la problemática y debe asumir el control.
Dijo que con el estudio del plan de ordenamiento territorial la ciudad debe repensar los espacios para el desarrollo de soluciones habitacionales que tanto necesita, sin dejar de lado el orden, la equidad, la dignidad, el respeto, la autoridad, la legalidad y el equilibrio ambiental.
El director de Planeación, Jorge Pérez Jaramillo, manifestó que los casos en los que se han encontrado incumplimientos se han remitido a las autoridades competentes para que se adelanten los respectivos procesos y, en caso de ser necesario, se suspendan las obras y se impongan las sanciones respectivas.
Agregó que se ha realizado un trabajo investigativo con el fin de recolectar pruebas que permitan comprobar cuáles proyectos de vivienda están siendo vendidos por un valor superior a 70 salarios mínimos legales, precio máximo establecido por ley.
Un vocero del Área Metropolitana informó que se realizó seguimiento a 65 proyectos, de los cuales siete cuentan con expediente ambiental, a dos se les requirió mejorar el manejo ambiental y cumplir exigencias de la autoridad y en las restantes no se identificaron afectaciones ambientales.
En representación de la dirección seccional de fiscalías, Juan Carlos Múnera Lopera expresó que se vienen analizando los elementos probatorios y evidencias de 42 denuncias recibidas, las cuales han tenido grandes avances, tomando decisiones de archivar algunos casos por determinar que estaban en condiciones atípicas y que no existe ningún tipo de delito en el momento de la expedición de la respectiva licencia.
Participaron también en la sesión los titulares del Isvimed, Diego Restrepo Isaza, y de la secretaría de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo.
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