Concejal Bernardo Guerra propone la creación de una mesa interinstitucional para enfrentar el delito de la estafa inmobiliaria

Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín. Foto: Minuto30.com

En desarrollo del debate realizado hoy en sesión plenaria del Concejo de Medellín, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos propuso la creación de una mesa interinstitucional que haga frente al delito transnacional de la estafa inmobiliaria en Medellín. El corporado sugiere que dentro de dicha mesa de trabajo hagan parte las secretarías de Seguridad, Gobierno, Gestión y Control Territorial, Hacienda, la Dirección de Planeación, la Fiscalía, la Personería, la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación y Camacol.

El concejal también planteó que en caso de crearse la mesa, esta debe presentar sus aportes ante la comisión accidental del Concejo de Medellín que le hace seguimiento a dicho tema.

Bernardo Guerra en desarrollo de este debate presentó otras conclusiones:

· El Estado, a pesar de contar con herramientas para ejercer el control urbanístico, es demasiado lento para aplicar correctivos y sanciones ejemplarizantes desde lo administrativo, fiscal, disciplinario y penal.

· Más de 50 mil personas en el municipio de Medellín, en los últimos 8 años, han sido afectadas por las actuaciones irregulares de diferentes empresas constructoras de alta, mediana y baja gama configurándose una estafa en masa sin precedentes.

· Funcionarios y ex funcionarios de diferentes organismos del Estado aparecen vinculados con hechos irregulares asociados al fenómeno de la estafa inmobiliaria en Medellín burlando en gran medida las actuaciones de los organismos de Control.

· El gobierno nacional y la Alcaldía de Medellín deben agilizar los mecanismos para proceder con la escogencia de los curadores urbanos para brindarle a los ciudadanos una mayor confianza respecto a la aplicación de las normas a la hora de otorgar las licencias de construcción.

· La administración de Medellín debe realizar un análisis minucioso sobre los antecedentes de la Organizaciones Populares de Vivienda a la hora de entregar recursos para la realización de proyectos urbanísticos, y por esta vía evitar que se conviertan en instrumentos de estafa de incautos ciudadanos.

· Los organismos de control deben generar mecanismos que les permitan intercambios de información de manera ágil y oportuna para que las investigaciones relacionadas con la estafa inmobiliaria puedan avanzar más rápidamente y se generen las sanciones ejemplarizantes que los afectados reclaman y que la ciudad espera.