Compromiso del Estado frente a las drogas. Por Olga Suárez Mira

La propuesta del senador Juan Manuel Galán de despenalizar la marihuana para usos terapéuticos, despertó la natural controversia en diversos estamentos, encendió las alarmas en la ciudadanía y en especial en los padres de familia porque de surtir todos los trámites en el Congreso estaríamos dando un primer paso para legalizar el consumo de estupefacientes a largo plazo.

Olga Suárez Mira

Científicamente no podemos negar los beneficios medicinales de la marihuana para tratar las migrañas; en la reducción considerable de tumores en pulmones, pechos y cerebro; atenúa síntomas de enfermedades crónicas como intestino irritado o síndrome de Crohn; su utilidad contra las náuseas, dolor abdominal y diarrea; previene el alzheimer, trata el glaucoma, ayuda a bajar la presión intraocular, previene dolores, es relajante muscular y tiene propiedades antiespasmódicas y puede tratar la arteriosclerosis múltiple en los efectos neurológicos y espasmos musculares causados por la enfermedad.

Como estos beneficios han sido comprobados científicamente, no vale la pena entrar en controversia en este plano. Pero sí pienso que el país debe dar un debate más a fondo sobre la dosis personal, la cual le ha ocasionado un daño incalculable e irreparable a centenares de familias en todo el país. Estas consecuencias que ya son medibles en la práctica en las familias, escuelas, colegios y universidades nos deben conducir a elevar este debate a un problema de salud pública.

Pienso que es muy fácil decir sí al uso terapéutico de la marihuana, amparados únicamente en los beneficios científicos que no tienen discusión. La obligación y el compromiso del Estado debe ir mucho más allá de garantizar la aprobación de esta propuesta en el Congreso, donde seguramente no faltará quien busque favorecer sus intereses políticos por encima de las preocupaciones de la comunidad.

Creo que el debate se debe dar también alrededor de garantizar los recursos económicos y humanos para que se desarrollen programas de prevención y educación que tengan un impacto real en las comunidades. Estos programas deben ser amplios, de una cobertura ambiciosa en escuelas, colegios, en todos los círculos educativos que nos permitan una conscientización real de un problema que no puede circunscribirse solamente al aspecto de los beneficios médicos de la marihuana. El Estado también les debe garantizar a las familias espacios y centros de atención, porque generalmente ellas no cuentan con recursos para asumir estos costos.

Ubicarnos a la vanguardia de los países que dan pasos hacia la legalización de la marihuana no puede desviarnos del análisis del contexto de nuestras realidades. Los supuestos avances de otros países como Uruguay, por ejemplo, no pueden ser equiparables a nuestra situación, porque desgraciadamente cargamos con el infortunio de encabezar los listados de tráfico y micronarcotráfico a nivel mundial. El problema es mucho más grave porque este fenómeno, liderado por las bandas criminales, ha permeado los barrios de nuestra ciudades, con las trágicas consecuencias que todos conocemos.

¿Ha desarrollado el Estado colombiano las estrategias necesarias para controlar y disminuir el consumo de drogas? ¿Qué estatus podríamos otorgarles a los consumidores en la medida que el síndrome de abstinencia y otras patologías relacionadas con el consumo causa severos daños en su salud?

Insisto en que el debate debe ser mucho más amplio, porque además no podemos olvidar que nuestro conflicto interno también está íntimamente ligado con el narcotráfico. Yo pienso que la propuesta del senador Galán es un paso en falso, para el cual el país no está preparado.

El compromiso que nos asiste desde el legislativo es el de aportar con seriedad a los debates como este, para garantizarles a las familias colombianas bienestar y tranquilidad en todo aquello que tiene que ver con la formación íntegra de los hijos. Por eso me opondré vehementemente a este proyecto de ley.

Olga Suárez Mira actualmente es senadora de la República.