Comienza en India el juicio por la brutal violación y asesinato de una niña musulmana de 8 años

Un tribunal de la India inició hoy el juicio contra ocho hombres acusados de asesinar a una niña de 8 años tras violarla durante varios días, un caso que ha conmocionado al país.

En la primera sesión, celebrada entre fuertes medidas de protección a la familia de la víctima ante un juzgado de la localidad de Kathua, donde ocurrieron los hechos, los acusados se declararon no culpables, informó a Efe el inspector de la Policía local Anil Kr. Sharma.

El caso enjuiciado es el de una niña musulmana de una comunidad nómada que fue raptada en enero en el estado norteño de Jammu y Cachemira y durante días fue sedada y violada en grupo antes de ser asesinada y abandonada en un bosque, según la investigación policial.

La acusación presentada por la Policía la semana pasada afirma que la intención de los autores era mandar un mensaje a esa comunidad para que no volviera por la zona, de mayoría hindú.

El encargado de un templo donde fue supuestamente secuestrada la menor ha sido señalado como el principal instigador del crimen en el que también están acusados un menor, dos miembros de las fuerzas de seguridad y dos hombres de la localidad.

Además, otros dos agentes están acusados por destrucción de pruebas y aceptar sobornos para encubrir a los autores, de acuerdo con la investigación.

En medio de esta situación, el Tribunal Supremo de la India ordenó hoy aumentar la seguridad a los familiares de la víctima y para sus abogados, que en una petición conjunta habían denunciado el “clima de inseguridad” en Kathua.

“A causa del clima hostil en el estado de Jammu y Cachemira en relación con el presente caso, hay un riesgo inminente de peligro para la vida del peticionario (el padre de la niña de ocho años) y su familia (…) de ser atacados y perder la vida”, dice la petición.

Los familiares también han pedido que el caso sea trasladado a un tribunal de Chandigarh, capital del estado vecino de Punyab, por considerar que la posición social de algunos de los acusados, uno de los cuales era un funcionario local ahora jubilado, pone en riesgo la independencia del juicio.

El Tribunal Supremo remitió esa cuestión al estado de Jammu y Cachemira, según la agencia local ANI.

EFE