Comfenalco no es el escampadero de una estructura políticas en declive

En política hay una verdad que muchas veces cuesta aceptar: ningún equipo es eterno.

Las estructuras políticas nacen, crecen, se consolidan, alcanzan momentos de enorme poder y, tarde o temprano, comienzan a transformarse. Algunas logran renovarse y sobrevivir a sus propios líderes; otras, en cambio, empiezan a perder fuerza cuando se agotan las lealtades, se incumplen los acuerdos, se cierran los espacios y los intereses particulares terminan imponiéndose sobre el proyecto colectivo.

Y eso no debería escandalizarnos. Es parte natural de la democracia.

Lo verdaderamente preocupante es cuando un proyecto que nació hablando de principios termina convertido en una estructura cuyo principal objetivo parece ser conservar cuotas, contratos, posiciones y poder.

En Antioquia estamos entrando precisamente en un momento de esas transformaciones. Es previsible que durante los próximos meses veamos movimientos, rupturas, nuevas alianzas y cambios de orilla en distintos municipios. No necesariamente porque las personas hayan cambiado de convicciones, sino porque los equipos políticos también tienen ciclos.

Se consolidan. Crecen. Se expanden. Pero también se desgastan.

Y cuando comienzan los incumplimientos, cuando las promesas dejan de cumplirse, cuando quienes ayudaron a construir un proyecto sienten que ya no tienen espacio y cuando las decisiones empiezan a tomarse exclusivamente para favorecer a unos pocos, la unidad comienza a resquebrajarse.

El caso del sur del Valle de Aburrá

Un ejemplo particularmente interesante es el de la estructura política que durante años ha tenido una enorme influencia en el sur del Valle de Aburrá •Itagüí • y que hoy enfrenta un escenario completamente distinto.

Hablemos claro: el poder político también se mide en resultados.

Y los resultados electorales recientes muestran señales que no deberían ignorarse.

En la segunda vuelta presidencial de 2026, Iván Cepeda obtuvo 55.270 votos en Itagüí, una cifra considerable, pero Abelardo de la Espriella alcanzó 109.001 votos, prácticamente el doble.

Esto tiene una lectura política evidente: una estructura que durante años fue considerada prácticamente hegemónica en este territorio ya no puede asumir que sus votos están garantizados.

Más aún cuando hablamos de un equipo que tomó decisiones políticas de alto costo y que acompañó públicamente al proyecto del petrismo.

No se trata de desconocer los más de 55.000 ciudadanos que votaron por Cepeda. Son votos reales y merecen respeto. Pero tampoco podemos ignorar que, en un territorio considerado durante años como uno de los principales fortines de esta estructura, el resultado electoral mostró que existe una ciudadanía que está tomando distancia de esas formas tradicionales de hacer política.

Y aquí aparece una pregunta inevitable:

¿Qué ocurre cuando un proyecto político deja de representar una esperanza colectiva y comienza a parecer simplemente una estructura de poder?

Del proyecto colectivo a la conservación del poder

La política tiene una regla que nunca falla: la gente puede acompañarte por un tiempo, pero no puedes exigirle lealtad eterna si no eres capaz de cumplirle.

Los equipos se construyen con confianza. Y la confianza se destruye con incumplimientos.

Por eso, cuando empiezan a aparecer fracturas internas, personas que buscan nuevos caminos y antiguos aliados que dejan de acompañar una estructura, no siempre estamos ante una traición.

A veces estamos simplemente ante el resultado natural del desgaste.

Y eso es precisamente lo que deberíamos observar en Antioquia.

No solamente en las elecciones, sino también en los movimientos alrededor de las instituciones.

Comfenalco no puede convertirse en el premio de ningún equipo político

En este escenario aparece una discusión que merece toda la atención de los antioqueños: Comfenalco Antioquia.

Una caja de compensación no es un botín político.

No pertenece a un exsenador, a un exalcalde, a un partido, a un gobierno ni a una estructura electoral.

Pertenece a los trabajadores, a sus familias, a los empresarios afiliados y, en últimas, a los antioqueños.

Por eso preocupa que desde hace más de un año existan denuncias públicas de sindicatos y otros sectores sobre una eventual injerencia política en la entidad. En enero de 2025, organizaciones sindicales alertaron al Gobierno nacional sobre el supuesto riesgo de que Comfenalco quedara bajo influencia de un grupo político liderado por Carlos Andrés Trujillo. (Fuente: Revista Semana⁠)

Y el asunto no desapareció.

En julio de 2026, nuevas publicaciones volvieron a poner el nombre de Trujillo en el centro de la discusión sobre el futuro de la caja.

EL COLOMBIANO reportó denuncias de sindicatos y empresarios sobre una presunta estrategia para ampliar su influencia en Comfenalco.

Incluso, la elección del nuevo Consejo Directivo que estaba prevista para agosto fue suspendida provisionalmente por decisión del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, mientras se resuelve de fondo una tutela. ⁠

Esto no significa que las denuncias equivalgan a una condena ni que corresponda anticipar decisiones judiciales. Precisamente por eso es indispensable que las autoridades investiguen, que exista transparencia y que cualquier decisión sobre la caja pueda ser conocida y vigilada por la ciudadanía.

Porque aquí hay algo mucho más importante que cualquier disputa partidista: están en juego los recursos y los servicios destinados a cientos de miles de trabajadores y familias antioqueñas.

Según cifras divulgadas por Comfenalco y recogidas por medios nacionales, la caja tiene cientos de miles de trabajadores afiliados y un impacto que supera ampliamente esa cifra cuando se cuentan sus beneficiarios.

Eso obliga a poner una línea roja.

Antioquia no puede cambiar una burocracia por otra.

Si una estructura política pierde espacios en una alcaldía, en una corporación pública o en determinada entidad, la solución no puede ser buscar inmediatamente otra institución para trasladar allí su maquinaria.

Las cajas de compensación, las corporaciones autónomas, las entidades públicas y todas las instituciones que administran recursos destinados al bienestar colectivo no pueden convertirse en refugios burocráticos de los equipos políticos que pierden poder electoral.

Y esta discusión no es de izquierda o de derecha.

Es mucho más sencilla:

¿Las instituciones existen para servir a la gente o para servir a quienes tienen poder?

Esa es la pregunta que deberíamos hacernos.

Porque si lo que estamos viendo es simplemente una reacomodación de cuotas, entonces no hemos cambiado nada. Solo estamos cambiando los nombres de quienes ocupan los espacios.

El poder también tiene fecha de vencimiento

A quienes llevan años haciendo política les convendría recordar algo elemental: los votos no son propiedad de nadie.

Los funcionarios no son propiedad de los políticos.

Los contratos no son propiedad de los equipos.

Y mucho menos las instituciones sociales pertenecen a quienes temporalmente tienen capacidad de influir sobre ellas.

Los ciudadanos pueden acompañar un proyecto durante años y después decidir que llegó el momento de cambiar.

Eso también es democracia.

Por eso, seguramente veremos en Antioquia múltiples movimientos políticos durante los próximos meses. Algunos equipos se fortalecerán. Otros se dividirán. Algunos líderes cambiarán de alianza. Nuevas figuras aparecerán y viejas estructuras comenzarán a perder influencia.

Es natural.

Pero ojalá esta transformación sirva para algo más que cambiar de dueño el poder.

Ojalá sirva para recuperar una idea que parece haberse perdido en medio de tantas disputas:

la política no debería existir para beneficiar a una persona, a una familia o a un grupo.

La política debe existir para servir a la gente.

Y cuando un proyecto deja de tener como centro a la ciudadanía y empieza a tener como centro la conservación del poder, por grande que parezca su estructura, tarde o temprano comienza su declive.

Porque ganar a cualquier costo puede dar una victoria.

Pero ganar perdiendo los principios nunca vale la pena.