Estamos en un brete con unas cortes politizadas que quieren imponer sus criterios sin importar las consecuencias funestas que de ello se desprendan, los costos, el atraso y las dificultades que se originan para el cumplimiento de las metas propuestas para lograr un desarrollo armónico y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

Priman las leguleyadas que dan más importancia a la forma que al fondo y se pegan de equivocaciones en los trámites, muchas veces propiciadas por quienes después demandan, para torpedear al ejecutivo. La oposición sabe de estas inclinaciones y usa sus artimañas para conseguir con inexequibilidades lo que no pudo lograr con argumentos.

Acaban de tumbar la ley de financiamiento y todo porque unos magistrados, muy posiblemente aquellos con inclinaciones ideológicas muy zurdas, decidieron que los representantes no se habían enterado de lo aprobado en el senado, mientras otros consideraban que ese conocimiento si se tenía. ¿Triunfó? la primera tesis que desconoce todas las posibilidades de los sistemas de información modernos y pretende que sigamos acabando con el planeta tumbando árboles para que todo quede plasmado en el papel. Trogloditas y cavernarios que aún creen en la repartición de la comida para toda la manada de simios que nos antecedieron en la evolución.

Esa politización de las cortes se ha extendido a toda la rama judicial originando una debacle institucional de gran envergadura, puesto que el sentimiento generalizado es que la justicia se compra y los fallos favorecen a quienes aporten mayores denarios a los bolsillos de los jueces.

Ese es el principio del círculo de la corrupción.

El corrupto sabe que puede comprar los fallos para que estos sean absolutorios, entonces decide llevar a cabo acciones por fuera de la ley que le originan utilidades suficientes para sobornar funcionarios, autoridades, investigadores y todas las instancias judiciales. El rio de dinero es continuo y por ende no hay que escatimar en gastos. Aquí todos comen opíparamente.

En los POT y las interpretaciones de los mismos se dan unos adefesios en donde se entronizó que cualquier bosque o humedal desparece de las zonas protegidas siempre y cuando el que quiera desarrollar el proyecto tenga los aliciente$ suficientes para que los funcionarios obtengan otras satisfacciones diferentes a la aplicación de la ley de protección del medio ambiente y no solo eso, esos desarrolladores de proyectos financian estudios de movilidad que dan como resultado la necesidad de obras para mejorar el acceso a sus proyectos sin importar el daño que la hacen a la comunidad circundante.

Rumba el billete y se enriquecen unos pocos a costa de la viabilidad como nación.

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Redacción Minuto30

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