Colombia no tiene tiempo: o nos unimos o perdemos todos

Faltan días para la primera vuelta y el panorama es tan claro como preocupante. Iván Cepeda lidera todas las encuestas con una intención de voto que oscila entre el 34 % y el 44 %, dependiendo de la encuestadora (La Silla Vacía, 2026). No le alcanza para ganar en primera vuelta, pero llega cómodo. Mientras tanto, quienes quieren un cambio de rumbo se pelean entre sí: Paloma Valencia marca entre el 14 % y el 27 % y Abelardo de la Espriella entre el 20 % y el 31 %, según la misma ronda de sondeos (Invamer, 2026; Guarumo-EcoAnalítica, 2026; CNC, 2026). Sumados, superan a Cepeda. Divididos, le regalan la presidencia.

Y no es una cuestión de preferencias ideológicas entre candidatos. Es una cuestión de aritmética y de urgencia nacional. Invamer preguntó en mayo si los colombianos votarían por un candidato afín al gobierno o por uno de oposición: el 48,4 % dijo que por oposición, frente al 47,9 % que dijo que por el gobierno (Invamer, 2026). El país está partido en dos mitades casi exactas, y en ese escenario, quien fragmente su mitad pierde. Así de simple.

Pero ¿por qué la unidad no es solo deseable sino urgente? Porque lo que hereda el próximo presidente no es un país en marcha sino un país averiado. En diciembre de 2025, Fitch Ratings rebajó la calificación de Colombia de BB+ a BB — un peldaño más adentro del territorio especulativo—, citando déficits fiscales persistentemente elevados y una trayectoria de deuda insostenible (El Colombiano, 2025). El déficit fiscal cerró 2024 en 6,7 % del PIB, el más alto sin contar los años de pandemia, y las proyecciones lo ubican en 7,5 % para 2026 (Fitch Ratings, 2025; La Silla Vacía, 2025). La deuda pública, que en 2022 rondaba el 59 % del PIB, podría trepar al 62,8 % en 2027 si no se corrige el rumbo (Semana, 2025). La economía creció apenas 2,6 % en 2025 y la inversión privada sigue en caída (El Colombiano, 2026). Eso no es herencia; es emergencia.

A eso súmele más de veinte decretos tumbados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, una reforma pensional suspendida por aprobarse “a pupitrazo”, una reforma de salud archivada, un ICETEX desmantelado con recorte del 33 % en su presupuesto (Senado de la República, 2024), 100 universidades prometidas de las cuales solo una está terminada (El Colombiano, 2026), y una ejecución presupuestal promedio del 72,9 % que deja billones de pesos sin usar mientras el país se endeuda (INCP, 2025). El próximo gobierno no llega a innovar; llega a reparar.

Y reparar requiere gobernabilidad. Gobernabilidad requiere mayorías. Mayorías requieren coaliciones. Y coaliciones requieren algo que hoy le falta a la oposición colombiana: generosidad política.

Las encuestas de segunda vuelta lo confirman: tanto Valencia como De la Espriella pueden ganarle a Cepeda en un balotaje (AtlasIntel, 2026; Génesis Crea, 2026). El problema no es la segunda vuelta. El problema es llegar a ella con el candidato más competitivo y sin una oposición destrozada por sus propias heridas. En 2022, la fragmentación del voto antiPetro entre Rodolfo Hernández, Fico Gutiérrez y Fajardo le abrió la puerta a Petro en primera vuelta. Cuatro años después, la lección sigue sin aprenderse.

Este no es momento de egos ni de cálculos personales. Es momento de mirar las cifras, mirar el estado del país y entender que lo que está en juego no es quién gana una interna sino quién repara a Colombia. Quien tenga menos posibilidades debería tener la grandeza de sumarse al más fuerte. No por simpatía, no por afinidad personal, sino por responsabilidad con los millones de colombianos que quieren un cambio de rumbo pero ven cómo la división se los arrebata. La unión no garantiza la victoria. Pero la división sí puede garantizar la derrota. Y Colombia, con las cuentas rotas, la institucionalidad maltrecha y la confianza internacional en mínimos, no se puede permitir cuatro años más del mismo experimento. El reloj corre. La decisión es ahora.