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La pelea entre el Clan del Golfo y El Mesa tiene en alerta a seis municipios del Oriente antioqueño

Más de 167.000 habitantes del Oriente antioqueño están en riesgo; la Defensoría formuló 31 recomendaciones a las autoridades.

Publicado por: Melissa Noreña

Imagen de referencia de un integrante de un grupo armado en el Oriente antioqueño
Foto: Getty Images
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La pelea entre el Clan del Golfo y El Mesa tiene en alerta a seis municipios del Oriente antioqueño

Resumen: Disputa entre el Clan del Golfo y El Mesa tiene en riesgo a más de 167.000 habitantes de seis municipios del Oriente antioqueño, según la Defensoría del Pueblo.

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Puntos clave
  • La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 028-26 por la disputa armada entre el Clan del Golfo y El Mesa en el Oriente antioqueño.
  • Seis municipios están en riesgo: Sonsón, Abejorral, Nariño, Argelia, El Peñol y La Unión, con más de 167.000 habitantes.
  • Las comunidades enfrentan confinamientos, cortes de vías y violencia por el control de cultivos de hoja de coca y minería ilegal.
  • Abejorral ya registra dos masacres en 2026 y Sonsón sufrió una en julio de 2024.
  • La Defensoría formuló 31 recomendaciones a autoridades nacionales, departamentales y municipales.
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La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el Oriente antioqueño por la disputa territorial entre dos estructuras armadas ilegales. Mediante la Alerta Temprana 028 de 2026, la entidad advirtió riesgo para las comunidades de seis municipios de la subregión.

Los municipios señalados son La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño, que suman más de 167.000 habitantes, de los cuales el 44,2 % vive en zonas rurales, según proyecciones del DANE citadas en la alerta.

Según la Defensoría, la confrontación entre el Frente Géner Morales, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, y el grupo de crimen organizado El Mesa ha intensificado los controles sociales, las restricciones a la movilidad, las extorsiones y las intimidaciones contra la población.

El Oriente antioqueño, una subregión estratégica para los grupos armados

El Oriente antioqueño es un eje geográfico y económico que conecta el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y el centro del país. Esa ubicación estratégica les permite a las estructuras ilegales interconectarse con otras subregiones, movilizar integrantes y erigirse como autoridades de facto, explicó la entidad.

La Defensoría detalló que El Mesa, una estructura originaria de Bello que se articula con el Cuerpo Colegiado de la Oficina, se ha expandido hacia zonas rurales de la subregión, lo que desató violentas disputas con el Frente Géner Morales por el dominio de corredores de movilidad y fuentes de financiamiento ilegal.

En esos territorios, los grupos armados cobran sistemáticamente «impuestos» sobre la producción agropecuaria y agroindustrial, controlan la explotación ilícita de yacimientos en las cuencas de los ríos Samaná Sur, Melcocho, Santo Domingo, Buey y Arma, y dominan las redes de microtráfico.

Además, imponen «manuales de conducta», restringen la movilidad de pobladores y personas foráneas, instalan puestos de control, hacen empadronamientos y mantienen vigilancia permanente con redes de informantes en vías veredales. A la entidad le preocupa especialmente la injerencia en las juntas de acción comunal y la intimidación contra sus dignatarios para controlar las decisiones de las comunidades.

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Masacres y líderes asesinados entre los antecedentes

El documento de la Defensoría recoge varios hechos de violencia que evidencian la gravedad del panorama. Entre ellos están la masacre de cuatro jóvenes ocurrida el 30 de agosto de 2025 en la vereda San Juan, de La Unión, y el asesinato de tres personas, entre ellas el líder juvenil Andrés, el 8 de noviembre de 2025 en el barrio Tahamíes, de El Carmen de Viboral.

También figuran dos masacres en Abejorral, registradas el 5 de enero y el 6 de agosto de 2026, que dejaron seis hombres asesinados; el homicidio del líder social Rubén Antonio, en Sonsón, en julio de 2024, y el del exconcejal Luis Fernando, asesinado en Nariño en noviembre de 2025.

Para la entidad, estos episodios reflejan el uso de la violencia como mecanismo para generar temor, restringir la organización comunitaria e imponer condiciones sobre la población.

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Niños y jóvenes, entre los más vulnerables

El impacto humanitario recae de manera desproporcionada sobre comunidades campesinas asentadas en poblados dispersos, mujeres rurales, mineros tradicionales, comerciantes y transportadores. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes están en alto riesgo de reclutamiento forzado, engaño con falsas ofertas laborales, uso para microtráfico y labores logísticas, y desescolarización.

La Defensoría también advirtió sobre posibles desplazamientos forzados, confinamientos y represalias contra personas señaladas de colaborar con grupos rivales o con las autoridades. Además, docentes y servidores públicos locales han sufrido intimidaciones que limitan la oferta institucional en zonas rurales apartadas.

31 recomendaciones para las autoridades

Frente a este escenario, la Defensoría formuló 31 recomendaciones a autoridades del orden nacional, departamental y municipal, entre ellas los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de los seis municipios.

Las recomendaciones incluyen una respuesta coordinada por la Ciprat, acciones de disuasión y protección de la fuerza pública con enfoque de derechos humanos, prevención urgente del reclutamiento de menores, protección de líderes sociales, investigación y judicialización de las finanzas criminales, y formalización minera.

La entidad recordó que las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y que su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades del Oriente antioqueño.


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