Ciencia, tecnología e innovación: la oportunidad que Colombia no puede seguir aplazando

Hablar de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Colombia es hablar de una promesa reiterada y, al mismo tiempo, de una deuda histórica. Durante décadas hemos reconocido —al menos en el discurso— que el conocimiento es el motor del desarrollo. Sin embargo, entre planes, reformas institucionales y cambios de gobierno, el país sigue sin convertir esa convicción en una política de Estado sólida, sostenida y estratégica.

Colombia no carece de talento. Investigadores, ingenieros, científicos de datos, emprendedores tecnológicos y creativos abundan en universidades, centros de investigación y startups. El problema no es la capacidad humana, sino el ecosistema que debería permitir que ese talento florezca, se conecte con el sector productivo y genere impacto real en la sociedad.

La inversión es el primer síntoma del problema. Mientras los países que lideran la economía del conocimiento destinan entre el 2 % y el 4 % de su PIB a investigación y desarrollo, Colombia apenas ronda el 0,3 %. Esta cifra no es solo un dato técnico: es una declaración de prioridades. Sin recursos estables, la investigación se vuelve frágil, dependiente de convocatorias intermitentes y vulnerable a los vaivenes políticos.

Pero la innovación no se resuelve únicamente con más presupuesto. También requiere una visión clara de país. ¿? ¿Para reproducir modelos ajenos o para resolver problemas propios como la desigualdad, la productividad rural, la transición energética o la adaptación al cambio climático?

En un país biodiverso como Colombia, la biotecnología, las ciencias ambientales y la bioeconomía deberían ser apuestas estratégicas, no temas marginales. En una nación marcada por brechas territoriales, la tecnología digital debería ser una herramienta para cerrar desigualdades, no para profundizarlas. Sin embargo, la falta de articulación entre academia, empresa y Estado sigue siendo uno de los grandes cuellos de botella.

Las universidades investigan, pero muchas veces lo hacen de espaldas al sector productivo. Las empresas demandan innovación, pero pocas están dispuestas a invertir en investigación de largo plazo. El Estado, por su parte, intenta coordinar, pero suele hacerlo con normas complejas, trámites excesivos y cambios constantes en las reglas del juego. El resultado es un ecosistema fragmentado, donde la innovación ocurre más por esfuerzo individual que por una estrategia colectiva.

A esto se suma un problema cultural: en Colombia aún se penaliza el error. Innovar implica riesgo, ensayo y fracaso, pero nuestro sistema educativo, financiero y regulatorio sigue castigando a quien se equivoca. Sin una cultura que tolere el riesgo y valore la experimentación, la innovación se queda en el papel.

La creación del Ministerio de Ciencia fue un paso importante, pero insuficiente si no se le dota de poder real, recursos y capacidad de coordinación intersectorial. La ciencia no puede seguir siendo un apéndice del Estado; debe estar en el centro de las decisiones económicas, educativas y productivas.

Colombia está en un momento decisivo. La transformación digital, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están redefiniendo el mundo del trabajo y la competitividad global. Quedarse atrás no es una opción. Apostarle a la ciencia, la tecnología y la innovación no es un lujo ni un capricho académico: es una condición para el desarrollo sostenible, la soberanía y la justicia social.

La pregunta ya no es si Colombia puede convertirse en una sociedad del conocimiento. La pregunta es si está dispuesta a asumir el costo político, económico y cultural que eso implica. Porque el futuro no se improvisa: se investiga, se innova y se construye con visión de largo plazo.

@JuanDaEscobarC