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Minuto30.com.- Frenar el cibercrimen es un asunto de todos: del sector público, de las empresas y de los usuarios que tienen un papel fundamental para contrarrestar este delito que deja billonarias pérdidas en el mundo. Es por eso que la Fiscalía General de la Nación y Microsoft se han unido para contar sobre los principales resultados en la lucha contra esta modalidad delictiva en el país, así como los riesgos y las amenazas que existen actualmente en línea.

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De acuerdo con el Norton Report de 2013 más de 400 millones de personas son víctimas del cibercrimen en el mundo, lo que genera pérdidas por 113 billones de dólares, incluso un estudio del IDC de ese mismo año estimó que los usuarios gastaron 22 billones de dólares y por lo menos 1.5 billones de horas solucionando problemas de seguridad relacionados con software falsificado. En el ámbito empresarial, una de cada 5 pymes fue perjudicada por cibercriminales según el National Cyber Security Alliance y cerca del 53 por ciento de los intercambios realizados en la bolsa fue atacado durante 2012.

Estrategias de la Fiscalía contra el cibercrimen

La criminalidad informática incluye una amplia variedad de prácticas que generalmente pueden dividirse en dos categorías: crímenes que tienen como objetivo redes de computadoras —instalación de archivos maliciosos, spam, ataques masivos a servidores de internet y generación de virus—; y aquéllos que se cometen por medio de ordenadores e internet con fines de espionaje, fraude, robo, pornografía infantil, etc.

El grupo de delitos informáticos de la Fiscalía General de la Nación tiene como una de sus funciones principales el apoyo a las investigaciones tendientes al esclarecimiento no sólo de las conductas delictivas referidas en la Ley 1273 de 2009[1], a propósito de la protección de la información y de los datos, sino de otros hechos tales como homicidios, delitos sexuales, punibles contra el patrimonio económico, derechos de autor y demás.

En 2014, la entidad llevó a cabo 851 investigaciones en las que fueron utilizados medios informáticos para la comisión de delitos: 159 por violación a la protección de la información y los datos; 124 por punibles contra la administración pública; 101 por afectaciones a la libertad individual; 80 por patrimonio económico; 73 por seguridad pública; 70 por delitos contra el orden económico y social; 25 por hechos que atentaron contra la vida y la integridad personal; 12 por conductas contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario; 34 por afectaciones a la libertad, integridad y formación sexual; 21 contra la integridad moral y 16 por atentados a los derechos de autor; las restantes se adelantan por delitos contra la fe pública; los recursos naturales y el medio ambiente; la salud pública; la participación democrática; la eficaz y recta impartición de justicia; y el régimen constitucional y legal.

Además, la Fiscalía General de la Nación cuenta con dos grupos de tareas especiales, que en trabajo conjunto con la Dijin de la Policía Nacional, se encargan de la investigación de amenazas informáticas en contra de líderes sindicales, defensores de Derechos Humanos, periodistas y personas afines. También efectúan las investigaciones de todos los casos priorizados por la institución en lo relacionado con atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos.

Actualmente, se adelanta un plan de modernización y mejora del laboratorio de informática forense que busca posicionarse como el mejor en Latinoamérica, con acreditación internacional, y que permitirá la recolección y análisis de evidencias digitales aplicadas a delitos no sólo de carácter informático, sino de todos aquéllos en los que los se vean involucrados medios de almacenamiento de información.

 


[1] La comisión de delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos, de acuerdo con la Ley 1273 de 2009, puede acarrear una pena mínima de 36 meses y una máxima de 120 meses de prisión, sumadas a las circunstancias de agravación punitiva que tengan lugar.

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Redacción Minuto30

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