Celdas sin dignidad

A Juan Diego lo cogieron robando en una casa de un prestigioso barrio de Medellín un jueves de octubre de 2020 a las 5 de la tarde. El joven de 21 años ya llevaba en “malos pasos” como decía su mamá, todo el año de la pandemia.
Juan Diego creció en la Comuna 8 (Villa Hermosa), en una familia humilde pero que se esmeró por darle a él y a su hermana melliza Dahiana, todo lo necesario. A diferencia de su hermana, nunca terminó el bachillerato y con los años vio la necesidad de salir a trabajar para ayudar en su casa.

El hecho de no haber terminado su secundaria le cerró las puertas a oportunidades laborales que tenían como mínimo requisito “el cartón de bachiller”. Y entonces, en medio del desespero por tener su propio dinero, empezó a relacionarse con nuevas personas que le ofrecían otra forma de ganarse la vida.

Con la pandemia, la situación se hizo insostenible en su hogar, y entonces Juan Diego, empezó a hacer “vueltas” que se fueron volviendo más peligrosas. La última de ellas, en la que fue capturado, prometía buenas ganancias, pero requería que robara una casa y luego repartir el botín entre los integrantes del “combo” al que pertenecía.

Ese día, sumado a sus nervios, la situación se complicó porque el dueño de la casa se encontraba en ella en el momento del robo y entonces, al percatarse de la presencia de extraños en su hogar, empezó a gritar a sus vecinos quienes llegaron a asistirlo e informaron a la policía. Poco faltó para que Juan Diego y su compañero fueran linchados por la comunidad.

A los dos los metieron en la Estación de Policía la Candelaria, lugares de reclusión transitoria destinados como su nombre lo indica a tener de forma “transitoria a los detenidos” mientras se ejecuta su condena.

La reclusión de Juan Diego en este lugar duró nueves meses, durante este tiempo vivió lo inimaginable.

La Estación de Policía La Candelaria de Medellín tiene acondicionados para los detenidos unas celdas que se encuentran de forma subterránea y que tienen capacidad para 75 personas, hoy la realidad es otra, pues albergan 346.

Las celdas se inundan cuando llueve y ni qué decir de las condiciones sanitarias de cuenta de los precarios inodoros. La comida ha sido un detonante más en las últimas semanas, retrasos o pésimas condiciones, porque hasta podrida les ha tocado recibir.

La historia de Juan Diego es la historia de 2500 personas privadas de la libertad que padecen una situación inhumana en las Estaciones de Policía de Medellín. La Candelaria es el peor de estos lugares y es por esto que tiene una sentencia pendiente que declara que es necesario trasladar toda la población privada de la libertad de este lugar.

Las 18 Estaciones de Policía de Medellín tienen un promedio de hacinamiento del 252%.

La situación se agrava debido a que las cárceles en Antioquia, que también tienen problemas de hacinamiento (82%) no están recibiendo más población. Así que todo se convierte en un gran embudo en el que las Estaciones de Policía están prestando un servicio para el que no fueron acondicionadas y quienes más sufren con todo esto son los retenidos.

Los derechos de esta población están siendo frecuentemente vulnerados y las acciones que llevan a cabo las diferentes autoridades en estos lugares no son suficientes, son acciones aisladas que no demuestran logros contundentes en una realidad que cada vez trasgrede más la dignidad humana.

Es por esta razón que sabemos que es necesario implementar una Política Pública que pueda garantizar el cumplimiento de los derechos de la Población Privada de la Libertad.

Y aunque en Colombia, la normatividad orientada a la protección de los derechos de esta población se rige por la Ley 65 de 1993 y la Sentencia STP14283 de 2019 que buscan garantizar su dignidad y proceso de resocialización, esta normatividad es letra muerta, la realidad de esta población nos enfrenta a imágenes que muestran una grave vulneración de derechos humanos.

Está claro que la Política Criminal y Penitenciaria falló en el país, urge que se replanteen las estrategias de sanción a delitos. El futuro de la Población Privada de la Libertad no debe ser un asunto solo de las secretarías de seguridad y gobierno.

También necesitamos que la descongestión carcelaria se acelere. No puede ser una excusa que tantas personas que ya pagaron su condena no puedan salir por cuenta de trámites jurídicos lentos.

Para la población pospenada, es vital crear estrategias contundentes para ayudarlos a reiniciar sus proyectos de vida.

Es preocupante ver el índice de reincidencia de esta población que es del 70% y que nos muestra que de 10 personas que salen de la cárcel entre 7 u 8 vuelven a ingresar, principalmente por hurto o tráfico de estupefacientes; por ello debemos adelantar un trabajo de atención integral con ellos y sus familias.

Todos, desde el Estado, la empresa, la sociedad, debemos generar oportunidades, para evitar que estas personas reincidan en estos delitos por falta de empleo, formación y acompañamiento, para garantizar que el pago de una condena si ayude efectivamente en la rehabilitación de una persona y no ocurra lo que vemos a diario, personas que salen en peores condiciones de como entraron, con sus vidas deshechas, su salud mental y física inestable y una sociedad que los sigue rechazando y estigmatizando.