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Nuevo caso de la JEP abordará crímenes de la Fuerza Pública en asocio con paramilitares

También se incluirá las presuntas actuaciones de otros agentes del Estado y civiles en contra de la población

AUC - JEP
Foto del extinto grupo paramilitar AUC. Tomada de El Espectador.

La JEP le dio apertura al caso 08, en el que se investigará cómo miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y civiles presuntamente se aliaron con paramilitares para cometer crímenes de lesa humanidad y de guerra contra la población.

En el caso 08 se incluirán los “hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019”.

O sea, las conductas que no pueden ser amnistiables (obtener beneficios o perdón judiciales) que fueron cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o “terceros civiles” que no corresponden a falsos positivos (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06) o no son investigadas en los casos territoriales 02, 04 y 05.

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Los crímenes abordados en el caso 08

Las cifras preliminares de los informes presentados a la JEP indican que “hay un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado”.

El Grupo de Análisis de Información de la JEP los principales crímenes atribuidos a la Fuerza Pública fueron “homicidios con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136”, concentrado el 51 % de los hechos entre el 2000 y el 2009.

También se tendrán en cuenta casos de despojo, violación sexual y detención ilegal.

Las líneas de investigación corresponden a tres grandes patrones:

  • Crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes.
  • Crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares.
  • Crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
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    Además de analizar las responsabilidades individuales y los máximos responsables, en el caso 08 de la JEP se tratará de determinar si existieron políticas nacionales oficiales vinculadas a la promoción de autodefensas privadas que pudieron convertirse en estructuras paramilitares.

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