'El Cirirí'

Cartel de la toga vivo y coleando

Por: Francisco Javier Saldarriaga

Esta justicia colombiana todos los días da motivos para que el pueblo la desprecie y la considere un antro de corrupción, desparpajo y, majadería en cuanto a la idoneidad de los jueces. No podemos hablar de principios puesto que estos son inexistentes y en la nada solo hay vacío.

En esta semana dejaron libre a uno de los magistrados del cartel de la toga para que muy pronto vaya a hacerle compañía al que dicen fue el que orquestó esa banda delincuencial en el exterior y aducen que esa libertad no los inhibe para seguir investigando al colega de marras. Ricaurte, Bustos, Moreno, Tarquino, Malo y su hija extorsionista, Bettin Sierra y muchos otros que aún hoy ejercen como magistrados o fiscales y que sin ningún recato quieren seguir con el negocio, usando las mismas mañas de sus predecesores en este lodazal de la justicia.

“Si no me pagás te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar, te corto el ombligo y mato a tu mamá”

Esa es la canción que más se escucha por los pasillos de los estrados judiciales y no es para menos. Desde hace rato y con un incremento nefasto desde la constitución del 91 que le dio poder político a la rama judicial, el dinero para la compara venta de fallos pulula y el enriquecimiento exagerado de estos jueces es similar al de los narcoguerrilleros o miembros de los diversos carteles del delito. Le entra plata a borbotones y como nuevos ricos de poca cultura la despilfarran en comilonas y francachelas. En sus delirios alcohólicos o de otro tipo escriben dedicatorias y agradecimientos a mafiosos confesos y viajan con gastos pagos por otros reyes del narcotráfico.

En sus sesiones secretas hablan sin reato de los fallos políticos y en especial para frenar a los que pueden seguir las políticas de transparencia que los desenmascaró como unos apéndices del estado corrupto que se entronizó en los salones de las instituciones gubernamentales centrales desde que por reformas debidas a los clamores de las regiones se hizo posible las elecciones de alcaldes y gobernadores por el voto popular.

Este cambio acaecido debido al acto legislativo 01 de 1986, durante el gobierno de Belisario Betancur dio como un hecho consumado que en marzo 13 de 1988 se dieran las primeras elecciones para surtir esos cargos en los municipios y en 31 años largos se han visto muy buenos resultados en unas regiones así como pésimos en otras. Antes de 1988 cualquier obra, o emprendimiento regional tenía que conseguir avales del poder central. Cualquier desprevenido puede concluir que el nivel de coimas y sobornos rumbaba en la capital y allí cualquier persona que tuviese amigos en el sector oficial se convertía en un lobista profesional.

El alcalde de cualquier pueblo apartado y pobre tenía que viajar a la fría capital para conseguir los recursos para terminar un andén. Lógicamente el costo de ese andén se incrementaba exageradamente por la angurria del lobista y el funcionario que firmaba al aval. Ese era el carnaval reinante. Por un paz y salvo de la contraloría general de la nación para la firma de una adjudicación, cobraban el equivalente a la quincena de un profesional. Esa era la tarifa. Y ese papel era cuestión de 2 minutos y lo firmaba un funcionario de quinto o sexto nivel.

No todo es color de rosa desde esa fecha pues esas mañas se trasladaron a las regiones, aunado a la extorsión y el constreñimiento de los grupos delictivos y bandas criminales que se hacen llamar guerrilleros, que vieron en las administraciones locales una fuente importante de ingresos para sus bolsillos sin fondo.

Paro que esa fuente de ingresos no se podía perder y apareció la séptima papeleta con muy buenas intenciones, aunque dentro de sus promotores había muchos con interese muy torcidos, que dio origen a la constitución del 91, fuente de todos los males de la justicia y muy posiblemente el germen del cartel que nos ocupa. La justicia en Colombia tiene dos historias: Antes y después de 1991.

Con lo definido allí se suplió para los capitalinos lo que se perdió en corrupción con la elección popular de alcaldes y gobernadores que traía consigo algo de autonomía presupuestal y ordenamiento del gasto.

Ahora están en la perseguidora orquestada desde antes del 2010 en contra de lo que representa Álvaro Uribe Vélez y sus partidarios. Niegan segunda instancia para Andrés Felipe Arias Leyva, citan para el 8 de octubre de 2019 a indagatoria al gran colombiano, lo mismo que Hernán Prada y en fin montan un espectáculo circense para afectar en lo posible al partido Centro democrático, espectáculo que se obviaría si los implicados caen en la tentación de sufragar los excesos de los magistrados interesados en cuadrar caja. Ese cartel no está muerto así como la violencia del narcotráfico nunca se acabará mientras a sus principales gestores se premien con acuerdos de impunidad y se les asciende a “honorables” congresistas.



Opinión