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Casa por cárcel contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador de Cesar

Por irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar -PAE- del departamento, el Tribunal Superior de Bogotá, dictó prisión preventiva de casa por cárcel, contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. La medida de aseguramiento dictada por el Tribunal al miembro de la poderosa familia Gnecco, se dio dentro del proceso […]

Publicado por: Minuto30.com

Condenado Luis Alberto Monsalvo Gnecco
El exgobernador tendrá que responder por delitos relacionados con el PAE Foto tomada de Diario del Cesar

Por irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar -PAE- del departamento, el Tribunal Superior de Bogotá, dictó prisión preventiva de casa por cárcel, contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

La medida de aseguramiento dictada por el Tribunal al miembro de la poderosa familia Gnecco, se dio dentro del proceso que se adelanta en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Los delitos investigados, se habrían dado durante la contratación como gobernador en el Programa de Alimentación Escolar -PAE-, que habría generado un sobrecosto de más de $3 mil millones.

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Gobernador Gnecco deberá estar en su casa mientras dura el proceso

Según la Fiscalía, el contrato fue suscrito en el 2015 entre el secretario general del departamento y un consorcio integrado por tres empresas, que tenía como objeto la implementación del PAE, por un valor de $23.538 millones, pero en realidad tuvo un costo de $34.632 millones.

Las pruebas de la Fiscalía señalan que existieron al menos nueve anomalías graves en la contratación, entre ellas una posible falta de planeación por parte de la gobernación al firmar un contrato por 81 meses y no por los cinco que dura el semestre escolar. Anomalía que obligó a realizar prórrogas de tiempo y adiciones presupuestales, que habrían aportado al sobrecosto.

El ente investigador también hizo referencia a que en los estudios previos no se habría establecido la población beneficiada ni el número de raciones a entregar. Así como no haber priorizado a las comunidades indígenas del departamento.

Al parecer el gobernador habría sido direccionado el contrato para beneficiar a un tercero, ya que no se probó la existencia de un proceso de selección objetivo.

Además de esto, la Fiscalía estableció que se asignó un presupuesto para la contratación de 1.752 manipuladoras de alimentos, y solo eran necesarias 350.

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Redacción Minuto30

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