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La Fiscalía General de la Nación, tras una investigación y el recaudo de suficiente material probatorio, logró judicializar una red de corrupción que se encargaba de montar falsos procesos judiciales para exigirles entre $1.000 millones hasta 4.00 millones a las víctimas en Pasto departamento de Nariño.
La organización delincuencial estaba conformada, al parecer, por dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI-, dos funcionarios de la Unidad de Protección UNP- y un contratista de la Dirección General Marítima y Portuaria -DIMAR-.
¿Cómo operaban?
Los agentes del CTI serían quienes solicitaban a los funcionarios de la UNP organizar los montajes, con la toma de fotografías y vídeos de seguimientos de las personas investigadas, quienes eran citadas en establecimientos comerciales para hablar sobre los temas judiciales.
Así mismo, creaban falsos expedientes por delitos como narcotráfico y testaferrato contra los procesados y sus familiares, utilizando plataformas institucionales, bases de datos, falsas investigaciones, perfiles y presuntas órdenes de captura, emitidas por fiscales.
Las víctimas denunciaron que desde julio de 2022 los contactaron para exigirles sumas hasta de $400 millones para desaparecer las supuestas carpetas denominadas “trabajos de la Fiscalía” con los documentos de las investigaciones contra ellas que supuestamente llevaban fiscales de Cali y Bogotá.
El pasado 6 de febrero, servidores del CTI Pasto, junto con soldados del Batallón de Contrainteligencia Militar del Ejército Nacional, realizaron los operativos de captura de los investigados en dos viviendas donde fueron incautados un computador portátil, tablets, armas de fuego, copias de procesos judiciales, expedientes, tarjetas decadactilares y teléfonos celulares.
Un fiscal de la Unidad Especial de Administración Pública de Pasto les imputó cargos a los 5 hombres, según sus respectivas responsabilidades, por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con concusión y constreñimiento, a los que se allanaron solo dos de los 5 imputados.
Un juez penal con función de control de garantías mandó a la cárcel al servidor del CTI de la Fiscalía, Melvin D. L. R. y los funcionarios de la UNP Carlos E. G. A. y Víctor Gonzalo O. M.
Por su parte el Juez dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia contra Alexander S. F., servidor del CTI, y Luis O. G., contratista de la DIMAR.
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