Se conoció un documento con el que el hoy canciller Álvaro Leyva, habría gestionado la legalización de activos de los firmantes del acuerdo, antes de que se firmara el acuerdo y la votación del plebiscito.
Entre las gestiones se habrían dado reuniones en 2016 con el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y otra con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, para entregar un documento dado a conocer por La FM, con el encabezado “Notas para la regularización y aplicación de recursos monetarios y no monetarios que conforman la economía de guerra de los insurgentes”.
Leyva habría sido la ficha clave del expresidente Santos para renegociar algunos términos del acuerdo de paz, antes de que este fracasara por falta de avances con la delegación de las FARC y falta de tiempo.
Leyva fue determinante en la estructuración del Sistema de Justicia Transicional y el documento que tiene fecha del 30 de septiembre de 2016, enumeró nueve puntos que llevaran a la legalización de los activos de las FARC que habían obtenido durante todos los años de conflicto.
“Conforme al Acuerdo Final de paz con las FARC-EP y como parte de la negociación política que ha venido conduciendo a un proceso de normalización y reincorporación a la vida económica y social de esa agrupación alzada en armas, se plantea lo siguiente a título exploratorio”, dice el primer párrafo del documento.
El texto manifiesta que se debía crear una fiducia para “darles uso legal” a los recursos y disponer el 30 % para reparación de las víctimas.
“Los recursos monetarios de las FARC EP, disponibles en el país, serán declarados por este grupo insurgente ante el Estado colombiano que los regularizará para darles uso legal. Serían depositados en un fondo fiduciario, autónomo e intangible. Para el efecto el presidente de la República emitirá la norma de regularización correspondiente y de amnistía si fuera el caso”.
Además, menciona que de haber recursos adicionales a los declarados, estos pasarían a ser parte de las arcas del Estado.
Sin embargo, nada de esto ocurrió y las Farc tuvieron que enlistar sus bienes para la reparación de las víctimas, aunque para muchos sectores este listado fue insuficiente y al conocerse el documento, se cuestiona que el ahora canciller, debía velar por los intereses del Gobierno y no de las Farc.
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