Bernardo Guerra promotor de la revocatoria en Medellín perdió su investidura

El Consejo de Estado confirmó en segunda instancia, la muerte política de Bernardo Alejandro Guerra. La disputa jurídica llevaba varios años en curso, el demandante en cuestión es Jorge Hugo Elejalde, quien consideró que Guerra había cometido varias irregularidades, por lo tanto, El Alto Tribunal acogió los argumentos avalados en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Antioquia en los que se había determinado que Guerra Hoyos incurrió en conflicto de intereses al aprobar beneficios tributarios a los damnificados de la constructora CDO, en donde su hija Alejandra es propietaria de un apartamento de la Unidad Asensi, evacuado por riesgo de colapso.

En un diario local recordaron también que otro de los argumentos por las que alto tribunal tomó la decisión fue que, pese a que sabía del conflicto de intereses, participó en los debates con los que se buscó reducir las cargas tributarias de los inmuebles que construyó CDO.

En Blu Radio citaron del fallo del Consejo de Estado que: “La conducta del concejal fue gravemente culposa y, en consecuencia, se configura el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura”.

Siendo así, Guerra no podrá volver a ejercer cargos públicos, lo que le impide seguir siendo parte de la corrupción que se ha tejido a su alrededor, pues Guerra Hoyos había encontrado en el Concejo de Medellín el lugar ideal para cuidar el capital político y electoral que heredó de su papá, el cacique liberal Bernardo Guerra Serna, ya que sus réditos políticos no tenían peso propio y siempre trato de convertir a su familia, en un clan político que se beneficiaba de todo el poder que le confería acceder a cargos públicos en Medellín.

Lo que los medellinenses no recuerdan es que en 2018 su discurso anticorrupción comenzó a desmoronarse por los favores que recibió él y su familia con la contratación pública. Así sucedió con su hermano Andrés Guerra, quien en ese año ya era precandidato a la Gobernación de Antioquia con el cuestionado grupo político Centro Democrático y tenía, además, contratos firmados por el canal público Telemedellín con la emisora Ondas de la Montaña, de la familia Guerra Hoyos, en donde dirigía un programa que utilizaba como tarima política. Según el régimen de inhabilidades, ningún familiar o cónyuge de los concejales pueden contratar con entidades que involucren recursos públicos de la ciudad.

Una de las hijas de Bernardo Guerra también quedó en la lupa de la justicia. Alejandra Guerra en 2018 era contratista del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, específicamente en la Subdirección de Planeación Integral, pues allí firmó un primer contrato el 25 de septiembre de 2017 por $ 18 millones para apoyar «la conceptualización, creación y presentación de los proyectos de parque de borde en los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. Luego, en enero de 2018, firmó otro contrato muy parecido con el área metropolitana por $ 31 millones, y finalmente en septiembre tuvo un tercer contrato igual, pero por $ 21 millones.

Los contratos celebrados por Alejandra Guerra fueron pagados con los recursos que provienen de la sobretasa ambiental, recursos que son aprobados por el Concejo de Medellín para la protección del medio ambiente, tal como quedó registrado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

Entonces los medellinenses nos vemos enfrentados a pagarle con nuestros impuestos, al clan guerra, pues al ver que quedó al descubierto su engranaje de beneficios personales, el exconcejal Bernardo Guerra se dedicó a promover la revocatoria posando de adalid de la moral.

Pero nada más alejado de la realidad, su pérdida de investidura, confirma que la corrupción no debe estar enquistada en Medellín y menos en el Concejo de Medellín.