Autoridades uruguayas piden el uso de GPS para corroborar la prisión domiciliaria

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y el ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, defendieron hoy el uso de aparatos con GPS para condenados con prisión domiciliaria y para detenidos con salidas transitorias, como ya se usan en casos de violencia doméstica.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay,Jorge Chediak (frente-i), el director general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial Elbio Méndez (atrás-i), y el ministro uruguayo del Interior, Eduardo Bonomi (frente-d) son vistos este 11 de mayo durante la firma de un convenio entre la Suprema Corte de Justicia y el ministerio del Interior en la sede del Poder Judicial en Montevideo (Uruguay). EFE

Chediak argumentó que el uso de las llamadas “tobilleras electrónicas” para la prisión domiciliaria permite hacerla más efectiva en la medida que dispensa “un control de parte de funcionarios policiales en persona a la salida de las casas”, además de asegurar que quien está en ese tipo de prisión “no abandone su domicilio”.

Además, defendió que “esas pulseras han resultado altamente exitosas” en episodios de alto riesgo para proteger a la víctima en caso de que su agresor incumpla la orden de alejamiento impuesta por el juez, por lo que se debe “seguir avanzando hacia la implementación en situaciones de violencia doméstica”.

Ese sistema implementado en Uruguay a principios de 2013 es fabricado por una empresa israelí y contiene un localizador GPS en un aparato colocado en el tobillo de la persona mantenida bajo vigilancia.

Si rompe la tobillera, se genera una alerta y en caso de no localizar el usuario, se envía una orden de captura.

Chediak y Bonomi también anunciaron la creación de “una comisión de trabajo para establecer el protocolo de funcionamiento del Guardián”, un sistema de interceptación de celulares y correos electrónicos comprado por el Gobierno uruguayo como herramienta en la resolución de crímenes y que ha generado polémica.

“Este sistema que a partir de hoy se va a empezar a trabajar para ponerlo en operativo es mucho más garantista que los 22 sistemas que hoy están funcionando en todo el país”, completó.

El convenio firmado hoy entre el Ministerio y la SCJ establece la cooperación entre ambos órganos respecto al sistema de gestión de seguridad pública y al registro de datos de menores infractores internados, además de la violencia doméstica y de la implantación del “Guardián”. EFE