Así es como habrían desfalcado al Inder y a Metroparques durante la Alcaldía de Quintero, según la Fiscalía

La Alcaldía de Medellín, el Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y la empresa Metroparques fueron formalmente reconocidos por el Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín como víctimas en un proceso judicial por presuntos actos de corrupción que ascenderían a más de $3.500 millones durante la administración del alcalde Daniel Quintero.

Esta decisión se tomó durante la audiencia de formulación de acusación contra la exdirectora del INDER, Diana Toro; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez; y el representante legal de la empresa CYAN Eventos y Logística S.A.S., Mauricio Jaramillo Botero.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, los implicados presuntamente manipularon y fraccionaron la contratación pública con el fin de evadir los controles legales, favorecer indebidamente a un proveedor y permitir el pago de bienes con presuntos sobrecostos injustificados. Se presume que solo en elementos como uniformes, balones y medallas, los sobrecostos identificados superarían los $3.700 millones, lo que constituiría el presunto delito de peculado por apropiación agravado.

Las pesquisas preliminares apuntan a que el presunto entramado se habría iniciado con el contrato interadministrativo N.º 6700013390 de 2020 entre el INDER y Metroparques, por una suma superior a los $21.800 millones, el cual presuntamente no habría cumplido con los requisitos legales mínimos exigidos. A este contrato se le habrían realizado siete modificaciones, extendiendo su valor hasta $24.200 millones sin aparente sustento técnico ni estudios de mercado.

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Posteriormente, Metroparques habría celebrado el contrato 20201300728 con la firma CYAN Eventos y Logística, cuya selección se habría realizado a través de una cuestionada invitación privada que presuntamente limitó la pluralidad de oferentes, exigió condiciones arbitrarias de experiencia, otorgó un plazo de solo un día para presentar ofertas y culminó con una selección sin propuestas económicas claras. Se presume que la empresa beneficiada no contaba con la capacidad logística necesaria y habría terminado subcontratando organizaciones sociales, generando una cadena de intermediación que habría elevado aún más los costos.

Durante la ejecución de los contratos entre 2020 y 2022, la Fiscalía habría determinado que los tres exfuncionarios y el contratista privado presuntamente se apropiaron indebidamente de recursos públicos de Presupuesto Participativo por las siguientes sumas:

Diana Toro: $1.999 millones

Jorge Liévano: $1.999 millones

María Eugenia Domínguez: $3.705 millones

Mauricio Jaramillo (CYAN Eventos): $3.705 millones

Este presunto nuevo caso de corrupción se suma al ya conocido caso de Aguas Vivas y podría evidenciar lo que se investiga como una posible estructura sistemática de corrupción durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, quien actualmente enfrenta múltiples procesos judiciales.