De la Asamblea Constitucional a la Constituyente

Parodiando a Friedrich Engels, digamos que hay años de modorra en los que sólo transcurren días de historia, al tiempo que hay días frenéticos en los que transcurren años de historia. Y esta, al decir del Quijote, es émula del tiempo, depósito de las acciones y clara advertencia sobre el porvenir, no se puede reducir al simple registro de la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente, que la trivializa. Y siempre, siempre, hay que volver a ella, a la historia, porque, como lo acota el reputado escritor italiano Humberto Eco “si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que puede suceder”.

1991 fue el año del “revolcón”, que fue como lo catalogó el entonces Presidente de la República Cesar Gaviria, elegido tras el aleve asesinato de tres aspirantes al solio de los presidentes: Bernardo Jaramillo Ossa, líder de la Unión Patriótica, Carlos Pizarro León Gómez, del desmovilizado M-19  y Luis Carlos Galán Sarmiento, quien acaudillaba el Nuevo liberalismo, una disidencia del Partido Liberal Colombiano y quien se perfilaba como el más seguro triunfador en la contienda por la Presidencia en mayo de 1990.

El país por aquellas calendas más parecía una olla a presión a punto de estallar a falta de la válvula que limitara la presión a su interior, en momentos en los que el narcotráfico y los narcotraficantes desataron una ofensiva contra el Estado y este estaba contra la pared. Primero fue el Presidente Alfonso López Michelsen quien intentó, mediante la convocatoria de una “pequeña Constituyente” (1976), encontrar una salida a esta encrucijada y posteriormente el Presidente Virgilio Barco propuso una consulta popular (1988) con el mismo propósito. Pero ambas iniciativas estuvieron condenadas al fracaso por la tozudez de una clase política que se negaba al cambio, ni rajaba ni prestaba el hacha.

La tercera fue la vencida. Después de los intentos frustráneos de López y Barco, este último le dejó allanado el camino a su sucesor, Cesar Gaviria, al emitir, al amparo de la declaratoria de Estado de sitio (artículo 121 de la Constitución Política de 1886), el Decreto-ley 927 el 3 de mayo de 1990, autorizando a la Registraduría Nacional del Estado Civil el escrutinio de la llamada “séptima papeleta”, que proponía la “convocatoria de una Asamblea Constitucional” para introducirle reformas sustanciales a la desueta Constitución inspirada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.

De esta manera se refrendó el paso que había dado el Comité promotor al depositar en las urnas en las elecciones al Congreso de la República del 11 de marzo de 1990 una “papeleta” adicional a las de Senado, Cámara de Representantes, Diputados, Alcalde, Concejales y por el candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberal. Así se originó la llamada “séptima papeleta”, cuyo texto decía textualmente: “Plebiscito por Colombia, voto por una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo”.

En efecto, concomitantemente con la elección de Cesar Gaviria como Presidente en las elección del 27 de mayo de 1990 se le dio vía libre a la convocatoria de la Asamblea Constitucional. Vale la pena aclarar que mientras los promotores de la “séptima papeleta” abogaban por una Asamblea Constituyente, para abrogar la Constitución Política vigente desde 1886, lo que previó el Decreto 927 y la propia “papeleta” que se depositó en las ánforas o urnas dispuestas para el efecto, fue la convocatoria de una Asamblea Constitucional para su reforma. No obstante, como se recordará, los delegados a la Asamblea Constitucional, convocada mediante el decreto 1926 de 1990 y elegidos el 9 de diciembre se declararon omnímodos y la Corte Suprema, que ya había convalidado su convocatoria, terminó dándole la razón y así la Asamblea Constitucional devino en Asamblea Constituyente.

De este modo fue como se gestó la nueva Constitución Política de 1991, la que cumplió el año anterior sus primeros 30 años de vigencia, la cual ha sido objeto de 57 reformas, promediando casi dos reformas por año, convirtiéndola, como lo llegó a presagiar el inmolado Magistrado Manuel Gaona Cruz, en una especie de Carta a la carta. Esta afán reformista de los legisladores obedece en gran medida al fetichismo normativo, consistente en la falsa creencia de que basta con cambiar las leyes para cambiar, como por arte de birlibirloque la realidad.

 Miembro de Número de la ACCE