atentado saravena
Un hombre observa hoy los daños causados por la explosión de un coche bomba en un sector comercial junto a la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en Saravena, departamento de Arauca (Colombia). EFE/Mike Cáceres

Bogotá, 20 ene (EFE).- El convulso departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, está inmerso en una crisis por la violencia guerrillera, agravada ahora por la explosión de un carro bomba que dejó un muerto y cinco heridos en la localidad de Saravena.

El carro bomba estalló el miércoles por la noche en una zona céntrica de Saravena donde funcionan comercios y oficinas, y aunque al parecer tenía como blanco la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, los mayores daños los sufrió la agencia local del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

La víctima mortal del atentado fue Simeón Delgado, vigilante de la oficina del ICA, según denunció esa empresa estatal, ajeno a la guerra territorial que libran en Arauca la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Décimo de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esa lucha se recrudeció en los últimos meses y en lo que va de año han sido asesinadas unas 40 personas en Saravena, blanco del atentado terrorista, y en los vecinos municipios de Tame, Fortul y Arauquita, según la representante legal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Sonia López.

«Lo que está pasando en este momento es que se está deteriorando la situación muy rápidamente; hay una decisión muy clara de los dos grupos armados de enfrentarse: el ELN quiere sacar al Frente Décimo del territorio de Arauca y el Frente Décimo está dispuesto a pelear por eso», dijo a Efe Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HWR).

Ambos grupos acusan «a determinadas organizaciones o personas de estar vinculadas al grupo armado opositor» para asesinarlas, y en el caso del atentado de anoche, el experto cree «que lo más probable es que haya sido el Frente Décimo de las disidencias de las FARC».

AMENAZAS CONSTANTES

Por su parte, López dijo a Efe que la Fundación Joel Sierra sabía de amenazas en contra de esa ONG hechas en las redes sociales y en audios vía WhatsApp por «un señor que se denomina ‘comandante Antonio Medina’ del Frente 28 de las disidencias de las FARC», que junto con los antiguos frentes 38, 45 y 56 abandonó el acuerdo de paz para sumarse al Frente Décimo.

Las amenazas, según dijo, las «corroboró otro de los comandantes de esas estructuras, de nombre ‘Ernesto’, en una entrevista que se realizó por un medio de comunicación» local.

«Luego de esos audios y de esas entrevistas se dio un atentado, el 9 de enero, contra las instalaciones de nuestra empresa comunitaria de acueducto alcantarillado y aseo de Saravena», agregó sobre los hechos que antecedieron a la explosión del carro bomba.

López dijo desconocer los motivos por los cuales los disidentes de las FARC los han amenazado.

«No conocemos los motivos que ellos puedan tener, si son tal vez contradicciones políticas, no sabemos, o si alguna de las actividades que desarrollamos como movimiento social afecta intereses de esos grupos, pero lo cierto es que lo vemos como una forma de materializar esas amenazas, que en días pasados habían hecho públicas», agregó.

TIERRA CODICIADA

Arauca es un departamento con gran riqueza petrolera y ganadera en el que desde hace más de 30 años el ELN controla prácticamente todas las actividades económicas mediante extorsiones y secuestros, un «negocio» que le quieren arrebatar la disidencias de la FARC dedicadas también al narcotráfico, aprovechando la cercanía de la frontera con Venezuela.

Personas toman hoy fotos de los daños causados por la explosión de un coche bomba en un sector comercial junto a la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en Saravena, departamento de Arauca (Colombia). EFE/Mike Cáceres

El poder del ELN en Arauca es tal que el pasado 21 de octubre la Fiscalía arrestó al gobernador José Facundo Castillo, acusado de adjudicar contratos a personas relacionadas con esa guerrilla entre 2012 y 2021 años en los que ocupó dos veces el cargo.

«Adicionalmente, al parecer, recibió apoyo para ser elegido como gobernador, donde supuestamente entregó millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento», agregó entonces la Fiscalía, que también capturó por razones similares a Ricardo Alvarado, antecesor de Castillo.

El presidente colombiano, Iván Duque, que llamó «miserable atentado terrorista» el perpetrado en Saravena, había visitado el pasado domingo Arauca, la capital departamental del mismo nombre, luego de la llegada de dos batallones con 600 militares para reforzar la seguridad tras los asesinatos de comienzos de año.

El mismo día de la visita presidencial fueron divulgadas unas fotografías en las que se ve a guerrilleros del ELN, uniformados y con fusiles, en el caserío de La Esmeralda, que pertenece al municipio de Arauquita, en una aparente demostración de control territorial.

PRIMERO LO HUMANITARIO

Expertos como Pappier consideran que en Arauca «hay problemas estructurales que no se pueden resolver desplegando dos batallones de 600 soldados» sino que se requiere una acción integral del Estado.

«En Saravena, buena parte del municipio está controlado por el ELN o el Frente Décimo de las FARC (…) y eso tiene que ver con la falta de presencia estatal y también con la infiltración de los grupos armados en el Estado en Arauca», dijo a Efe.

Vista hoy de parte de los daños causados por la explosión de un coche bomba en un sector comercial junto a la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en Saravena, departamento de Arauca (Colombia). EFE/Mike Cáceres

Explicó que en varios municipios araucanos «los grupos armados se infiltran en el Estado, participan en mecanismos de corrupción, influyen en decisiones sobre obras públicas, funcionan casi como un Estado paralelo que a su vez está enquistado en las instituciones».

Por lo pronto, Pappier considera «urgente» que las autoridades brinden asistencia humanitaria a las víctimas ya que hay además un alto número de desplazados que necesitan albergues y comida.

Además, opina que la presencia de la fuerza pública en este momento debe estar enfocada en «la protección de la población civil, no tanto en combatir a los grupos armados», pues eso puede hacerse en una segunda etapa para no aumentar los enfrentamientos y que se deteriore aún más la situación humanitaria.

Jaime Ortega Carrascal

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