El pasado 13 de enero fue un día negro para Antioquia. E l gobierno decidió ese día lo que comunicó al siguiente: A partir de la fecha y en más, será la Agencia Nacional de Minería la que tendrá todo el control sobre los PINE, Proyectos de Interés Nacional Estratégicos.

En palabras simples, el gobierno se queda con los cuatro proyectos mineros más grandes y el departamento con la pequeña minería, que representa el 90 por ciento de esta actividad en el territorio.

A saber, los proyectos grandes son Quebradona, en Jericó; Buriticá; Gramalote (en San Roque) y Mineros Aluvial, en el Bagre, nordeste antioqueño.

Pero, ¿ cuál es la razón para la determinación estatal? En su visita a Jericó, Antioquia, el 14 de enero, justo el mismo día del anuncio, el presidente Gustavo Petro dijo allí que “ No se puede poner en peligro el agua del territorio. Hay acuíferos en el territorio y de eso vive parte de la población (…) Es un territorio con mucha agua adentro en las entrañas. Precisamente lo que hemos encontrado es que la exploración minera se localizó donde están los acuíferos. Entonces tenemos un peligro».

La población de Jericó se opuso desde siempre al proyecto “Quebradona”, entre otras cosas flanqueado por una polémica incesante. El presidente aseguró que entre la minería y las reservas acuíferas, el gobierno se decantaba por el agua. Así fue el portazo al proyecto y el final de una larga y acerada discusión entre la comunidad, la compañía minera y la gobernación de Antioquia.

Pero hay más. En Quebradona venían pasando cosas que la gobernación no gestionó ni corrigió adecuadamente. Según un reporte entregado por la Ong Instituto Popular de Capacitación, IPC, en ese proyecto las cosas andaban ladeadas hace tiempo, pues por ser un proyecto en etapa de exploración, esta se debía cumplir máxime por 11 años y ya lleva prácticamente 15, sin que la gobernación haya intervenido para corregir los tiempos.
También se resalta que este proyecto, a cargo de Anglo Gold Ashanti ( está en manos sudafricanas) recibió 545 inconsistencias sobre el PTO, (Plan de Trabajo y Obras) por parte de la Secretaría de Minas de Antioquia, pero estas fueron resueltas en tiempo récord por la empresa y curiosamente más prontamente aceptadas por la Secretaría de Minas, mientras que las 174 observaciones que le hizo la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), entregadas casi en paralelo con el informe de la Secretaría de Minas, al no ser resueltas satisfactoriamente, obligaron al archivo de la licencia.

¿Pero qué significa archivar? La Anla tenía tres alternativas ante la solicitud de licencia ambiental que le hizo la empresa Anglo Gold Ashanti: Aprobar, negar o archivar. Y Archivar en este caso resultaba más salomónico ante la presión de la empresa, aún cuando todas las condiciones estaban dadas para negar y enterrar el proyecto. La empresa esperaba que los buenos resultados con la Secretaría se replicarían con el informe de la Anla.

La Anla sin embargo aceptó el recurso de reposición en octubre del 2021 y en abril del 2022 se ratificó en el archivo. Ese quiere decir que obligaba a la empresa a presentar otra solicitud que cumpliera con todos los requerimientos.

En el proyecto Buriticá (Zijin – Continental Gold) el asunto pasa de castaño a oscuro con una muy pobre gestión del departamento en la atención y solución de los problemas. En este proyecto el desorden social ha escalado de manera delirante.

Buriticá ahora está salpicado por minería criminal, minería ilegal y muchos problemas en sus servicios públicos debido al crecimiento exponencial de la población. Un detalle lo define: el municipio cuenta con un tanque de agua potable de 84 mil mts3 que era apto para el consumo de 1500 personas. Ahora con mas de 6500 habitantes, el agua se acaba en media hora y el tanque demora tres en llenarse nuevamente según testimonios de la población.

El proyecto Gramalote ubicado en San Roque y a cargo de la empresa B2Gold- Ashanti, no escapa a las críticas de propios y extraños al municipio. Dos aspectos para destacar: uno, la ralentización que sufrió el proceso de formalización minera durante la actual administración del departamento, y luego el mundo sin esperanza en el que se encuentra el proyecto de una Planta de Beneficio Comunitario para el procesamiento de material aurífero y cuyos recursos los dio el Ministerio de Minas y Energía, $3.200.000.000 de pesos, pero cuyos diseños se esperan hace dos años y la gobernación nada que los entrega. El proyecto está prácticamente perdido, según fuentes cercanas al proyecto Gramalote.

Finalmente, el otro proyecto que ahora pasa a manos de la Agencia Nacional de Minería es el de Mineros Aluviales, en El Bagre, nordeste antioqueño.

Ante la mínima o poca gestión del departamento, este proyecto ha provocado situaciones con un alto impacto ambiental negativo. El estudio del IPC señala que algunos de los jarillones construidos por la empresa minera para controlar “los residuos mineros”, se rompieron en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y fueron construidos en su momento sin los permisos ambientales requeridos”.

En conclusión, estas situaciones y otras no relatadas, pusieron sobre la mesa de la Agencia Nacional de Minería, el pretexto ideal para arrebatar a la gobernación de Antioquia el control de los cuatro proyectos mineros más grandes del departamento, y eso por supuesto, tiene intereses y consecuencias políticas.

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Minuto30 Agencias

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