Ante el vandalimo: Autoridad

Soy un convencido que cuando se trata de mantener el orden público en el territorio no hay lugar a titubeos. Los Estados nacieron en su etapa más primigenia para garantizarle las condiciones de seguridad a la población y es precisamente en desarrollo de esa función que los Gobiernos deben ejercer la legitima autoridad contra aquellos que pretenden afectar la estabilidad.

Ante todo, manifiesto mi rechazo absoluto a la conducta que desplegaron los miembros de la Policía Nacional. Esos sujetos no representan en lo más mínimo los valores de la institución ni mucho menos a los 142.338 policías y 34.390 auxiliares y alumnos de la entidad, quienes a diario exponen su vida para proteger a todo un País de innumerables amenazas.

De cualquier manera, ese deplorable acto no puede usarse como justificación para destruir a las ciudades de Colombia. Los sistemáticos actos de vandalismo que hemos visto desde el miércoles no son fortuitos ni coyunturales. Por el contrario, responden a una estructurada estrategia de desestabilización que se traslada de región en región para sembrar el caos por doquier. Una bomba que sencillamente estaba esperando un detonante para explotar.

De hecho, recordemos que en noviembre del año pasado la fórmula que estamos viendo ya había cobrado vida. En nombre del famoso paro nacional se causaron afectaciones en Bogotá que solamente el 21 de noviembre superaron los $20.000 millones, incluyendo la vandalización de 68 estaciones de Transmilenio, y que en Cali propiciaron 37 saqueos a establecimientos de comercio.

¿Acaso debemos permitir que unos desadaptados destruyan impunemente las ciudades?

Por supuesto que no. Ciertamente el Gobierno debe dejar de asumir una posición reactiva frente a los desmanes para pasar a una preventiva. Es decir, no podemos seguir esperando a que Bogotá o Medellín ardan en llamas por noches enteras para decretar el toque de queda y desplegar a las Fuerzas Militares en las calles.

La protección de la vida de los ciudadanos debe superar cualquier orientación política y las autoridades no deben escatimar esfuerzos para salvaguardar a la población, más aún cuando las afectaciones a la infraestructura del País las terminamos pagamos todos.

Por ejemplo, cuando se incineran nueve buses de Transmilenio, se vandalizan 69 más o se busca destruir la red vial del Tranvía de Medellín no se está protestando contra el sistema ni mucho menos derrocando la opresión, sino que se están elevando los costos del transporte público en las ciudades, dado que el valor que deben pagar las aseguradoras para reparar los daños causados es asumido indirectamente por los usuarios a través de una posterior alza de tarifas, toda vez que al haber mayor riesgo de siniestro el valor de las pólizas aumenta y las Alcaldías se ven obligadas a trasladar ese rubro a los pasajeros.

Además, destruir los CAIS no solamente es uno de los mayores actos de torpeza que se pueden cometer, sino que es un favor que se le hacen a las estructuras de microtráfico que dominan los barrios. En efecto, sin personal de la Fuerza Pública disponible en los cuadrantes, la criminalidad tiene el camino libre paro a apoderarse de las calles sin que haya una presencia institucional que contenga su despliegue.

Debido a estas circunstancias, hago un sincero llamado tanto a los mandatarios territoriales como al Gobierno Nacional para que actúen con determinación y firmeza contra el vandalismo que pretende apoderarse de nuestro País. Actuar con debilidad ante situaciones como esta no es otra cosa distinta a extender una invitación para que continúen las protestas violentas de manera indefinida. Un riesgo que no podemos asumir.

El reclamo de justicia causado por el deceso del abogado Ordoñez debe ser atendido con prioridad por las autoridades competentes, pero bajo ninguna circunstancia puede ser utilizado como excusa para destruir lo que con tanto esfuerzo hemos construido entre todos.

¡Ante el vandalismo: autoridad!