Foto de redes sociales.
La principal vía que conecta a Medellín con la subregión del Urabá completa tres días bloqueada a la altura del municipio de Mutatá, a causa de una protesta de comunidades que exigen atención a sus necesidades.
La parálisis de esta estratégica arteria económica ha generado pérdidas diarias estimadas en $300 millones de pesos solo para el sector de transporte intermunicipal, según reportó la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia (ATPA).
Ante la magnitud del perjuicio social y económico, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, elevó el tono de su reclamo, solicitando una intervención inmediata de la Policía Nacional.
A través de redes sociales, el mandatario reconoció el derecho a la protesta, pero cuestionó las vías de hecho, afirmando: “Hemos solicitado con insistencia a la Policía que proceda. Algunas entidades insisten en que primero el diálogo, pese a que miles de ciudadanos están afectados”.
Los bloqueos han obligado a las empresas de transporte a recurrir a rutas alternas extremadamente largas, pasando por Yarumal, Caucasia o Segovia.
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Estos desvíos han disparado los costos operativos por consumo de combustible y han encarecido los tiquetes, afectando directamente a miles de usuarios, en su mayoría de estratos bajos, que se movilizan hacia Medellín para citas médicas, trabajo o diligencias.
Aunque la Alcaldía de Mutatá confirmó que los manifestantes están permitiendo el paso intermitente de vehículos y el tránsito humanitario, la situación de fondo persiste. El secretario de Gobierno local, Juan Guillermo Orozco, aclaró que las peticiones de la minga indígena están dirigidas principalmente al Gobierno Nacional y a la Gobernación del Chocó.
Mientras se desarrollan los diálogos, el gremio transportador, con pérdidas diarias que superan los $300 millones, insiste en que el Gobierno Nacional debe garantizar el derecho fundamental al libre desplazamiento, que consideran vulnerado por la situación actual.
El gobernador Rendón, por su parte, propuso que el próximo Gobierno revise la regulación del derecho a la protesta para proteger los derechos de todos los colombianos.
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