Foto: Archivo
Minuto30.com .- Ejército denuncia que la ya compleja situación de orden público en el norte del Cauca y sur del Valle escaló a un nivel crítico en las últimas horas. En el corregimiento de Villa Colombia, municipio de Jamundí, lo que inició como una operación militar de control territorial, denominada #OperaciónEscudoDelNorte, se transformó en una tensa y violenta confrontación que dejó más de un centenar de soldados retenidos por varias horas y una grave denuncia: el uso de la población civil como escudo humano por parte de las disidencias de las FARC.
El comunicado oficial de la Tercera División del Ejército Nacional describe cómo tropas de la Brigada 29 fueron objeto de una «asonada por parte de aproximadamente 600 personas». Según la inteligencia militar, esta movilización no fue espontánea, sino que se realizó «bajo constreñimiento de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Criminal Jaime Martínez», el grupo que ejerce un control hegemónico y violento en esta estratégica zona del suroccidente del país.
El objetivo de la asonada, según las autoridades, era claro: impedir por la fuerza el desarrollo de las labores constitucionales del Ejército, que buscan precisamente proteger a la población de las acciones de este grupo ilegal. La presión fue tal, que los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 13 se vieron forzados a replegarse desde la zona rural hacia el casco urbano del corregimiento La Ampudia.
El punto más álgido de la confrontación ocurrió cuando, en medio del caos, un grupo de personas intentó arrebatar las armas de dotación a varios soldados. El Ejército calificó este acto como «una agresión inminente contra la vida e integridad de nuestra tropa y contra la seguridad del dispositivo militar en el sector».
En respuesta, y amparados en el artículo 32 del Código Penal colombiano que contempla la legítima defensa, el personal militar actuó para repeler la agresión. El Ejército ha sido enfático en que su accionar se dio en estricto cumplimiento de los principios legales y constitucionales que rigen el uso de la fuerza. La institución anunció que interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para que se investiguen estos hechos.
Lo que el comunicado inicial describió como una asonada, se reveló con el paso de las horas como un evento aún más grave. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y altos mandos militares confirmaron que cerca de 150 soldados fueron retenidos ilegalmente por la multitud durante varias horas, en un acto que calificaron como un secuestro. Afortunadamente, tras la mediación de la Defensoría del Pueblo, los uniformados fueron liberados.
El comandante de la Tercera División, general Federico Mejía, denunció lo que considera un «plan macabro» por parte de la estructura Jaime Martínez. Según el alto oficial, este grupo armado, al verse acorralado por la ofensiva de la Operación Escudo del Norte, está recurriendo a la instrumentalización de la población. Las denuncias van más allá del simple constreñimiento: se investiga si los disidentes ofrecieron pagos de hasta cinco millones de pesos a los pobladores para que salieran a enfrentar a las tropas.
«Es un intento desesperado de una guerrilla cobarde que se da cuenta de que militarmente no puede», afirmó el comandante, quien aseguró que muchos de los civiles fueron obligados a salir de sus casas bajo amenazas de quemar sus viviendas o imponerles multas.
Este incidente no es un hecho aislado. Ocurre en una región donde la estructura Jaime Martínez ha sembrado el terror mediante extorsiones, narcotráfico y ataques directos a la Fuerza Pública y a la población civil. En las últimas semanas, los combates en la zona rural de Jamundí han provocado el desplazamiento de cientos de familias, que han tenido que buscar refugio en el casco urbano.
El Ejército Nacional ha reiterado su compromiso de mantener la presencia en el área para garantizar la seguridad, a pesar de estas tácticas que califican como una clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Mientras tanto, la comunidad de Jamundí permanece en medio de una guerra que se niega a ceder, atrapada entre la presión de los grupos ilegales y las operaciones de una Fuerza Pública que lucha por recuperar el control de un territorio vital para la paz del suroccidente colombiano.
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