Reconstruir para crecer

Un terremoto destruye en segundos lo que tomó décadas construir. La respuesta inmediata debe ser atender a los damnificados. Pero, una vez superada la emergencia humanitaria, comienza una tarea distinta: reconstruir. Para lograrlo, no basta con el presupuesto público, se necesita una gran convocatoria a la inversión privada.

El Gobierno ya dio un paso, el Decreto 1413 de 2026 creó incentivos para atraer nuevas inversiones en las regiones golpeadas: una tarifa preferencial de renta del 20% reducible hasta el 15% según la generación de empleo directo, para los proyectos en 2026 y 2027. También se creó una modalidad especial de Obras por Impuestos para reconstruir infraestructura. Son medidas valiosas, pero la magnitud del desafío exige ir más allá. La reconstrucción justifica un régimen territorial extraordinario. El objetivo no debe ser simplemente volver al 9 de agosto.

Los beneficios tributarios deben premiar la inversión nueva, la generación de empleo, y la velocidad de ejecución. Menos impuestos durante un período definido a cambio de capital fresco y puestos de trabajo formales. El alivio tributario no puede convertirse en una renta permanente: debe traducirse en inversión adicional. Por eso los incentivos deben tener plazos, metas verificables, y mecanismos de pérdida del beneficio cuando no se cumplan las condiciones. Ya existe una experiencia exitosa del antiguo terremoto. Tambien Obras por Impuestos pueden movilizar capacidades empresariales que complementen las del Estado.

Eso si, podemos ofrecer todos los incentivos tributarios del mundo, pero si un proyecto requiere años para superar modificaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial, obtener licencias, conceptos y demás trámites, el capital buscará otro destino. La inversión no solo requiere rentabilidad: también demanda reglas claras.

La reconstrucción exige POT extraordinarios, con facultades especiales y procedimientos abreviados que permitan responder con rapidez sin renunciar a una adecuada planeación. Los municipios afectados deberían contar con procedimientos ágiles para habilitar suelo; aumentar las densidades donde exista capacidad instalada de infraestructura, y delimitar áreas de renovación y expansión vinculadas a proyectos concretos.

Todo ello debe partir de una condición innegociable: reconstruir mejor, no reconstruir el riesgo. De hecho, la Ley 1523 de 2012 exige incorporar la gestión del riesgo en el uso y ocupación del territorio. Esta tragedia ofrece una oportunidad para corregir vulnerabilidades históricas y orientar mejor el desarrollo futuro.

El Estado no puede asumir solo esta tarea. Tampoco debería hacerlo. Su responsabilidad es proteger las familias afectadas, financiar los bienes públicos, reducir el riesgo, y crear reglas confiables. Pero hoteles, vivienda, comercio, industria, logística, tecnología y nuevos servicios deben encontrar espacio para que el capital privado haga lo que mejor sabe hacer: invertir, innovar y generar empleo. La reconstrucción será más exitosa en la medida en que dejemos de medir únicamente cuánto dinero público gastamos y empecemos a medir cuánto capital privado logramos movilizar.

No debemos reconstruir el pasado. Debemos construir la economía de los próximos treinta años.